La polémica por la venta ambulante en las calles de la ciudad llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, la máxima instancia judicial local, a causa de los apremios ilegales sufridos por tres de los 3.500 refugiados africanos que viven en Buenos Aires.
A mediodía del último miércoles, cerca de doscientas personas asistieron a la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para analizar la legalidad de las reglas y prácticas de la Policía Federal, los fiscales y el Poder Judicial. Se trata, específicamente, de humillaciones, arrestos, procesamientos, “extravío” de documentación, secuestro de pertenencias, intimidación, uso abusivo de la fuerza, violación sistemática del derecho de defensa y de circulación, denunciadas en enero de este año por vendedores ambulantes provenientes de la República de Senegal, la comunidad africana más grande de las que se han radicado en el país durante los últimos años.
El caso comenzó en enero, cuando los senegaleses Ibrahima Mbaye, Bara Sakho y Serigne Lam, patrocinados por el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi), denunciaron los maltratos a los que eran sometidos a diario por la Policía Federal y por el Ministerio Público Fiscal porteño cuando querían trabajar como vendedores ambulantes por las calles de la ciudad.
Tras cosechar fallos negativos en primera y segunda instancia, el TSJ convocó a la audiencia pública para decidir si acepta el caso. El fiscal adjunto de la ciudad Luis Cevasco rechazó las acusaciones sobre prácticas racistas en el ámbito del Poder Judicial de la ciudad y le echó toda la culpa a la Policía Federal.
Los denunciantes ahora temen que la fuerza multiplique las represalias contra ellos y consideraron la respuesta de Cevasco “como una humillación propia de un ciego que no quiere ver lo que pasa a diario en las calles porteñas”. En los próximos días, el TSJ dará su veredicto.
Fuente:http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=25918
A mediodía del último miércoles, cerca de doscientas personas asistieron a la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para analizar la legalidad de las reglas y prácticas de la Policía Federal, los fiscales y el Poder Judicial. Se trata, específicamente, de humillaciones, arrestos, procesamientos, “extravío” de documentación, secuestro de pertenencias, intimidación, uso abusivo de la fuerza, violación sistemática del derecho de defensa y de circulación, denunciadas en enero de este año por vendedores ambulantes provenientes de la República de Senegal, la comunidad africana más grande de las que se han radicado en el país durante los últimos años.
El caso comenzó en enero, cuando los senegaleses Ibrahima Mbaye, Bara Sakho y Serigne Lam, patrocinados por el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi), denunciaron los maltratos a los que eran sometidos a diario por la Policía Federal y por el Ministerio Público Fiscal porteño cuando querían trabajar como vendedores ambulantes por las calles de la ciudad.
Tras cosechar fallos negativos en primera y segunda instancia, el TSJ convocó a la audiencia pública para decidir si acepta el caso. El fiscal adjunto de la ciudad Luis Cevasco rechazó las acusaciones sobre prácticas racistas en el ámbito del Poder Judicial de la ciudad y le echó toda la culpa a la Policía Federal.
Los denunciantes ahora temen que la fuerza multiplique las represalias contra ellos y consideraron la respuesta de Cevasco “como una humillación propia de un ciego que no quiere ver lo que pasa a diario en las calles porteñas”. En los próximos días, el TSJ dará su veredicto.
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