Entrevista Nengumbi con Paul Byrne

Buenos Aires, Argentina Diciembre 2009

lunes, 20 de febrero de 2017

San Martín y el aporte afro a la emancipación argentina

Entre 1810 y 1860 no hubo un solo batallón argentino que no tuviera presencia de soldados afrodescendientes, claves en las batallas sanmartinianas
 
Por Omer Freixa – 19 de febrero de 2017
@OmerFreixa 


                                                                                                      (Foto: Mirta Toledo)

Arrancó 2017 y las efemérides de la historia sanmartiniana se acumulan y dan (con motivo) de qué hablar y escribir. El Libertador las proveyó: 17 de enero, Bicentenario del inicio del heroico cruce de los Andes, 12 de febrero, batalla de Chacabuco, próximamente los doscientos años de Maipú, y así se puede seguir.

Sin embargo, si prevalece la siempre justa reivindicación del prócer, tal vez se pierde de vista la gesta de los de abajo, sus huestes, que hicieron posible la gloria sanmartiniana, tan bien relatada por Bartolomé Mitre en su insigne “Historia de San Martín” y de la emancipación sudamericana. Es un libro canónico y una completa biografía del “Padre de la Patria”, aunque deje de lado la revisión sobre hombres y mujeres que hicieron posible el tan estudiado cruce de los Andes, entre ellos los afrodescendientes, al centrarse en una figura de la talla del prócer patrio.

Las exigencias al momento de escritura de la obra citada eran la de aportar relatos enaltecedores para justificar la construcción de un Estado-Nación, a la europea, blanco y borrando el registro de determinadas alteridades. En general, es un rasgo de la historiografía predominante que reconstruyó la vida del nacido en Yapeyú. Entonces, es el momento propicio para rescatar el aporte de los individuos de origen africano en este capítulo de la historia patria, como todo lo africano, invisibilizado en nuestro país, considerándose orgullosamente casi el más “blanco” de toda América del Sur.

Se relegó al afrodescendiente a la condición de desaparecido y las pocas menciones de su accionar, por caso, en las guerras de independencia, abonan la justificación de su desaparición, entre otros motivos, por esta vía, por la extinción física en los campos de batalla, sin casi resaltar su compromiso y heroísmo. Si bien es imposible hacer notar la presencia en el pasado de todos los combatientes de origen africano durante las luchas del siglo XIX (y menos homenajearlos por tamaño sacrificio), en algunos casos se pudo documentar su presencia, inclusive en el ejército sanmartiniano que cruzó los Andes, libertador de Chile y Perú.

San Martín debió cruzar los pasos andinos que en su opinión eran la preocupación que más le robaban sueño, más que el enemigo, siempre según Mitre, en una de las proezas más grandes de la historia militar mundial. El Ejército de los Andes contó con un aproximado de 5.000 efectivos, de los cuales entre el 40% y el 50% era afro, es decir unos 2.500 hombres. San Martín tuvo un trato muy cercano con varios de los afrodescendientes de su tropa y expresó la simpatía por ellos. El médico de confianza de San Martín era un negro de Lima y uno de entre sus favoritos era un cocinero negro, con el que gustaba conversar mucho. En una ocasión, el Libertador indicó que si los realistas eran los vencedores, los negros serían esclavizados de nuevo, por lo que con más tenacidad lucharon por la causa patriota. Por su parte, a un mes de librada Chacabuco, San Martín exclamó “¡Pobres negros!”, en el espacio en donde yacían enterrados buena parte de los combatientes del Batallón N° 8, compuesto de libertos de Cuyo, en un gesto de reconocimiento y homenaje. Se decía que el líder tuvo predilección por los negros libertos entre los combatientes bajo su mando.

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Entre los guerreros sobre los que se tiene constancia de haber integrado el Ejército de los Andes figuran el africano Batallón, el capitán Andrés Ibáñez, ambos nacidos en África a fines del siglo XVIII, y el sargento José Cipriano Campana. Entre las mujeres, se conoce la historia de Josefa Tenorio. También se puede incluir al cabo segundo Antonio Ruiz, más recordado como “Falucho” o “Negro Falucho”, aunque se discute si este personaje no responde a una invención de la pluma del historiador y ex presidente argentino Mitre.
Batallón, Ibáñez y Campana cruzaron los Andes junto al Libertador y participaron en las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Tenorio marchó en el ejército como esclava y, tras sus méritos, le fue aceptada su solicitud de liberación, en noviembre de 1820. Por último, tal vez es más conocida la historia del soldado apodado Falucho, que formó parte del Batallón N° 8 y que, llegado al Perú, en 1824 defendió la causa emancipadora a despecho de su vida, ya partido San Martín de la conducción del ejército y en una situación muy delicada signada por la inconformidad de las tropas atascadas en el país andino, desmoralizadas, sin recibir paga, encadenándose una rebelión a la que Falucho se opuso costándole la vida. Ruiz, según Mitre, fue fusilado por los alzados, quienes lo tildaron de revolucionario y a quienes respondió: “Malo es ser revolucionario, pero peor es ser traidor”.

El escritor Jorge Luis Borges reconoció el mérito a los afrodescendientes: “Los negros de las guerras de la Independencia eran mucho mejores soldados que los blancos”. Si bien estos no fueron debidamente reconocidos, muchos sí adquirieron la libertad por haber servido en la guerra. Fue el caso de las dos terceras partes de los esclavos en Mendoza, en los preparativos al cruce de los Andes, pese a la resistencia de los amos, conforme relató Mitre.

Entre 1810 y 1860 no hubo un solo batallón en el actual territorio argentino que no tuviera presencia de soldados afro. En Buenos Aires hubo al menos once afroargentinos con el grado de coronel o teniente coronel, aunque se les negó el grado mayor de general, en la pauta del racismo de la época. Dentro de lo poco que se conoce o cuenta, el sargento Juan Bautista Cabral tiene un sitial en la historia argentina, al haberle salvado la vida a San Martín en la batalla de San Lorenzo, años antes del cruce andino. Lo que hay que remarcar es que su origen era africano, cuestión que no siempre se reconoce, como así faltan subrayar los aportes de los afrodescendientes a la historia argentina en general, y no solo en el plano bélico. El cruce de los Andes fue un capítulo invalorable de la participación de este colectivo en la historia argentina. Gracias a la tropa sanmartiniana fue posible la liberación de Chile y más tarde la del Perú.

Fuente: http://www.infobae.com/america/opinion/2017/02/19/san-martin-y-el-aporte-afro-a-la-emancipacion-argentina/

domingo, 19 de febrero de 2017

Contundente rechazo a la reforma migratoria de Macri en Argentina.

Titulares

Contundente rechazo a la reforma migratoria de Macri en Argentina.



Fue durante la audiencia realizada en el Congreso Nacional donde una comisión de senadores y diputados comenzó a analizar la validez del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri.

El decreto de necesidad y urgencia modificó de un plumazo la ley de migraciones, una norma largamente debatida y elogiada en el mundo. El objetivo es facilitar las expulsiones de migrantes con la excusa de combatir el narcotráfico y la delincuencia. El gobierno se justifica diciendo que sólo deben preocuparse aquellos que tengan antecedentes penales. Las organizaciones de migrantes y de derechos humanos afirman que es no es así porque la expulsión en casos excepcionales ya estaba autorizada en la ley y ahora se habilita por hechos menores.

En la audiencia ante la Comisión Bicameral del Congreso la defensa del gobierno estuvo a cargo del director Nacional de Migraciones Horacio García que en su exposición argumentó que “la ley 25.871 no ejercía con celeridad las expulsiones, cualquier ordenamiento en el mundo tiene una parte muy hospitalaria pero también una restrictiva respecto a la migración”.

En el resto de las casi 3 horas que duró el debate abundaron las críticas al decreto. La representante de Amnistía Internacional, Mariela Belsky afirmó que “se evita el camino del debate, la información y la presentación de distintas posiciones y se lastima el sistema institucional y democrático”.

El Vicepresidente del Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes de la ONU Pablo Ceriani explicó que con el decreto “una persona condenada a un mes de prisión por un delito que supere en su máxima pena prevista los 3 años de prisión, puede ser expulsada, por más que tenga hijos en Argentina”. Además reclamó “un debate serio, profundo y participativo” y no por decreto.

La representante de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina, Lourdes Rivadeneyra, nacida en Perú y con 24 años viviendo en el país, expresó que “más de 2 millones de migrantes viven en Argentina y por 4 mil y algo nos están persiguiendo”.

Marta Guerreño de la Unión de Colectividades de la provincia de Córdoba aseguró que “nosotros también queremos esta patria y sentimos que es nuestra también y por más que se esmeren no nos van a convencer de que somos los culpables porque no lo somos”.

En el cierre del debate Nengumbi Sukama, nacido en el Congo y representante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, se sumó al pedido de que se rechace el decreto y se declare su nulidad.

La comisión pasó a cuarto intermedio y reanudará el debate en fecha a definir.

lunes, 13 de febrero de 2017

El negro Cabral

Buenos Aires: Una estatua itinerante que recrea la imagen del combate de San Lorenzo, en la que el granadero Juan Bautista Cabral rescata al entonces Teniente Coronel José de San Martín y que actualmente está expuesta frente al Regimiento de Granaderos a Caballo del barrio porteño de Palermo, recorrerá distintos puntos del país antes de su emplazamiento definitivo el próximo 3 de febrero en San Lorenzo, provincia de Santa Fé. Foto: Daniel Dabove/Télam/aa 13/09/2016

Por Carlos Del Frade publicado en Pelota de Trapo

Juan Bautista Cabral no era ni sargento ni tenía esa cara blanca que inmortalizó el Billiken. Era un negro esclavo que recibió el apellido del propietario de la estancia y su extraordinario valor cuando salvó a San Martín aquel 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo sintetizaba el heroísmo de las grandes mayorías que hicieron de verdad la independencia de estas tierras, los negros, los gauchos, las naciones originarias, los que no sabían leer ni escribir pero que pusieron el cuerpo en los ejércitos libertarios. De a pie, peones.

El Archivo General de la Nación guarda la nómina de jóvenes embarcados en Corrientes el 3 de noviembre de 1812 incorporados al Regimiento de Granaderos el día 12, con Cabral figurando en ella. Una internación desde el 29 de diciembre al 3 de enero de 1813 en el Hospital de Hombres de la Residencia de los Hetlenitas, autorizado por el Sargento mayor José Matías de Zapiola y el visto bueno de San Martín. El parte de la victoria del 16 de febrero en el que San Martín exalta el heroísmo de Cabral en el combate, refiere sus últimas palabras y recomienda asistir a su familia. En la nómina de los caídos de San Lorenzo, suscriptas por San Martín el 27 de febrero, figuran los nombres de sus padres y el lugar de nacimiento publicado en “La Gazeta”, página 118 del 10 de marzo, existente en el mencionado archivo. Con esa documentación, además, la foja de servicios con todos sus antecedentes como granadero. También consta el original del decreto 8844 del 10 de noviembre de 1915, que autorizó comprar el terreno donde nació Juan Bautista Cabral y erigir un monumento en el lugar.

-Paradójicamente, nada trascendió de la niñez y adolescencia de Juan Bautista Cabral transcurridas en el discriminado mundo de los criados, cruel desde la vestimenta de los niños para diferenciarlos de los hijos de los amos, similar en todo el Virreinato. Hombres y mujeres ofertados como objetos, sin importar el talento, las virtudes o sentimientos que como seres humanos debían estar dotados. Tuvieron en cambio, precios y tratamientos de mercaderías. Solo los libros parroquiales de bautismos, casamientos o defunciones certifican el tránsito por la vida de la mayoría de los esclavos.

El acto heroico de San Lorenzo, salvó para la historia el nombre de Juan Bautista Cabral, quien si hubiese muerto en circunstancias más oscuras del combate, sería otro de los tantos negros argentinos anónimos que se ofrendaron por la patria en las batallas de la independencia – dice con contundencia y profundidad, Ramón Julio Blanco.

Después vino la mitología.
Por ejemplo, una supuesta participación en las invasiones inglesas.
En la foja de servicios ya mencionada que existe en el Archivo General de la Nación no se habla de esta supuesta intervención.

         (Foto: Mirta Toledo)
A casi 150 años de enterrados los granaderos fallecidos en el combate de San Lorenzo, el 20 de agosto de 1945, fueron exhumados de la fosa común fragmentos óseos destinados a la urna del soldado desconocido de la independencia que han sido depositados junto al mausoleo del general San Martín en la Catedral de Buenos Aires, sin aclarar en el acta la clase y cantidad de huesos extraídos. En una segunda exhumación de la misma fosa, el 17 de junio de 1957, el acta detalla los huesos desenterrados: una vértebra cervical, una vértebra dorsal, dos vértebras lumbares, una primera costilla izquierda, una costilla derecha, una costilla izquierda, un fragmento de cúbito, un metacarpiano y un fragmento de huesos celíaco. Una parte de esa segunda extracción se colocó en el propileo del Monumento a la Bandera de Rosario y otra quedó depositada en un cofre que permaneció nueve años en la celda que ocupó San Martín en el convento de San Lorenzo, de donde el 3 de febrero de 1966, fueron pasados a la urna del templete del convento donde está identificada con la leyenda: “Aquí esperan la resurrección futura junto a los misioneros franciscanos, soldados de la paz y el bien, los granaderos caídos en el combate del 3 de febrero de 1813.

Los huesos de los 14 granaderos muertos en San Lorenzo no correspondían ser exhumados como “soldados desconocidos de la independencia” porque se conocían los nombres de todos ellos. Murieron por la independencia, pero no fueron soldados anónimos. Eran merecedores de un mausoleo exclusivo en el Campo de la Gloria donde estaban inhumados, para esperar “la resurrección futura junto a los misiones franciscanos, soldados de la paz y el bien” – escribió Ramón Julián Blanco.

Uno de los grandes historiadores de la Argentina, Norberto Galasso, autor de la imprescindible obra sobre San Martín, “Seamos libres, lo demás no importa nada”, marca la contradicción de las crónicas oficiales en torno a Cabral.

-Encontré una carta del que sería el padre o mejor dicho el dueño de Cabral que le pide a San Martín que no lo haga pelear con la caballería, sino con la infantería. Hablaba como si fuera el dueño de un esclavo. Los del Instituto Sanmartiniano no dijeron nada. Hasta que un sacerdote escribe un libro donde dice que se trata de un esclavo y que cuando muere dice su famosa frase: “Muero contento hemos batido al enemigo”, pero en guaraní. Seguramente era bilingüe, como San Martín también lo era. De allí que traduce la frase y lo escribe en el parte de batalla. Cabral agoniza en el Convento. Para Mitre y la gente civilizada esto es irritante: que tanto Cabral como San Martín supieran y fueran guaraníes es mucho. No lo pueden soportar. Y tampoco se encontró su nombramiento como sargento – sostiene Galasso.

Una vez más en Saladas, provincia de Corrientes.
Rosa es una mujer muy simpática que trabaja en el museo histórico donde hay una potente recreación artística de Cabral en una de sus esquinas.

Ella está acostumbrada a contar la historia a los visitantes.
-El sargento Juan Bautista Cabral nace a 16 kilómetros de aquí. En el campo de los Casafús. Lo traen con la peonada. Y luego va con los granaderos en Retiro y muere el 3 de febrero de 1813 en la batalla de San Lorenzo…Lo valoramos mucho. Es muy importante lo que hizo. Se hizo la patria gracias al coraje del negro Cabral – dice Rosa y hay algo que emociona cuando pronuncia esa última parte “gracias al coraje del negro Cabral”.

Lo dice con orgullo y también con ternura y simpleza.
El orgullo, la ternura y la simpleza que caracteriza a las mayorías argentinas cuando reconocen que uno de los suyos es reconocido por auténtico y valiente.

*Por Carlos Del Frade publicado en Pelota de Trapo
Pelota de Trapo
Pelota de Trapo

Fuente: http://latinta.com.ar/2017/02/el-negro-cabral/

La Buenos Aires esclavista

Autor: Felipe Pigna
En el origen mismo de la colonización del Río de la Plata está presente la esclavatura como un suculento negocio. En la capitulación firmada con la corona por el primer adelantado, don Pedro de Mendoza, se le autorizaba a introducir 200 esclavos negros, “adquiridos” en España, Portugal, Guinea y las islas de Cabo Verde, con la condición de no venderlos en otros territorios. Sin embargo, haciendo números, don Pedro calculó que le resultaba más beneficioso convertirlos en “caja” para financiar la expedición, y antes de partir de San Lúcar de Barrameda consiguió un cambio en el contrato con el rey Carlos V, para venderlos en el lugar que fuera más conveniente, cosa que hizo. El “adelantado” se quedó con algunos esclavos para su séquito y trajo a los primeros africanos a las costas del Plata.

Para los miles y miles de inmigrantes involuntarios que fueron llegando por la fuerza a Buenos Aires, el río que los recibía era más que de la plata, de las penas.

Para conocer con cierta aproximación la cantidad de personas que fueron arrancadas de su tierra natal en África para ser vendidas como esclavos en América, una primera dificultad es, precisamente, el concepto que se esconde tras la denominación “pieza de Indias”, utilizada hasta fines del siglo XVII para “contabilizar” el tráfico negrero, otorgar los permisos para esta trata inhumana y cobrarle impuestos. Una “pieza” no era sinónimo de un esclavo, sino una “unidad de medida” que tomaba en cuenta la capacidad de trabajo de un hombre joven, sano y fuerte.

González Arzac ofrece una especie de vocabulario de la esclavatura:
“cabeza de negro. cabeza de esclavo: cualquier persona sometida a la trata, sea cual fuere su edad, sexo o condición.
pieza de indias: hombre o mujer de quince a veinticinco o treinta años, sin vicios y con todos los dientes.
cuarto, medio, cuatro quintos de pieza: cuando no llenaban aquellas condiciones.
tres piezas de indias: eran una tonelada de negros.
bozal: negro recién introducido del África.
ladino: negro que había sido esclavo en América, por lo menos un año.
muleque: negro bozal de siete a diez años.
mulecón: negro bozal de diez a quince o dieciocho años.”1

Una persona que reuniera las condiciones de “una pieza de Indias”, hacia 1620 podía rematarse en Buenos Aires en unos 130 pesos, para ser revendida en Chile, el Alto Perú o en Lima a precios en torno a los 500 pesos o más, 2 si es que sobrevivía a las durísimas condiciones de “traslado”. Pero los enfermos, heridos, mujeres, ancianos y niños rara vez eran considerados, individualmente, una “pieza”. Para completar esta “unidad”, entonces, los negreros reunían a un adulto sano, aunque no robusto, con un anciano, o varios chicos, o dos mujeres, y así sucesivamente en una casi infinita variedad de posibilidades que hacían que una “pieza”, en realidad, significase dos, tres, cuatro e incluso más seres humanos.

No menos de diecisiete millones de personas (hay quienes elevan el cálculo a tres veces esa cifra) 3 fueron desembarcadas en esas condiciones en puertos de América entre el siglo XVI y comienzos del XIX. Pero hay que tener en cuenta que solo una proporción de los hombres, mujeres y niños capturados en África sobrevivían a las terribles condiciones en que eran amontonados y encadenados en las bodegas de los barcos negreros.

A medida que la trata de esclavos se “regularizó” con los asientos, su desembarque incluía una inspección médica y un período de cuarentena. Inicialmente, el lugar de concentración de los recién llegados era la llamada “Aduana Vieja”, una casona en la esquina de las actuales Belgrano y Balcarce, que por entonces estaba prácticamente al borde del río. La proximidad del centro de la ciudad y las denuncias de los numerosos cadáveres de “negros” que eran encontrados en los huecos cercanos, hicieron que cuando se concedió el asiento a los franceses se los obligase a instalarse al sur de la ciudad, en lo que hoy es el Parque Lezama. Sus sucesores ingleses de la South Sea Company compraron para el mismo fin un terreno, con una gran residencia que antiguamente había pertenecido al gobernador Andrés de Robles, en la otra punta de la ciudad de entonces, más exactamente en lo que hoy es la zona comprendida entre Maipú, Esmeralda, Callao y el inicio de la Avenida del Libertador, es decir, Plaza San Martín y las manzanas inmediatas hacia el norte, una de las zonas más paquetas de la ciudad. Don Andrés de Robles fue gobernador de Buenos Aires entre 1674 y 1678; se lo acusó de “numerosos excesos”, entre otros, un inexplicable enriquecimiento que le permitió construir su residencia “El Retiro”, por entonces la casa más amplia y lujosa de la aldea y que todavía da nombre a esa parte de la ciudad.

Es muy interesante este documento proveniente del Libro de Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires, donde quedan claras algunas características de la mirada colonial y se culpabiliza a las víctimas: “Este establecimiento dominando o superando la ciudad y que está situado por la parte del Norte, que es el viento que generalmente reina, es sumamente perjudicial a la salud pública, que es lo que más se debe cuidar, porque soliendo venir dichos negros medio apestados, llenos de sarna y escorbuto y despidiendo de su cuerpo un fétido y pestilencial olor, pueden con su vecindad infeccionar la ciudad”. 4

Nótese que no se propone nada para mejorarles la vida a los esclavos, sino que se advierte a la población de los males que pueden provocar los “negros”, que parecerían haber contraído las pestes por un problema constitutivo y no por el salvajismo y la barbarie a que eran sometidos durante el viaje.

Según relataría un siglo después el inglés Emeric Essex Vidal, en tiempos de la South Sea Company el terreno estaba “todo amurallado a su alrededor, los esclavos bajaban a tierra en la playa inmediatamente atrás del edificio; y el portón de entrada aún está en ruinas cerca del camino de la costa, aunque la pared ya ha desaparecido”. 5

En la zona de Retiro había un tablado donde se realizaban las ventas, es decir, el mercado de esclavos de Buenos Aires. Por razones de “seguridad e higiene”, en 1787 el Cabildo ordenó trasladar el asiento a las orillas del Riachuelo y, doce años después se produjo otra mudanza a la zona de Quilmes y, finalmente, sobre el final del virreinato, una nueva orden estableció que los barcos negreros debían hacer su cuarentena en la Ensenada de Barragán: la doble moral de las autoridades y de “la parte más sana de la sociedad” recomendaba que el triste espectáculo se alejase lo más posible de su vista, por más que era la fuente de enriquecimiento de muchos de ellos.

Además de las empresas que tuvieron el monopolio del asiento de esclavos, la trata de personas enriqueció a un selecto grupo de familias que integraban la elite porteña a fines del coloniaje y el inicio de la era independiente.

Estos grandes mercaderes del sudor, la sangre y las lágrimas ajenas tienen algunos rasgos en común, además de las fortunas que amasaron: todos eran españoles peninsulares y los diccionarios biográficos suelen mostrarlos como “hombres muy devotos y caritativos”, que tuvieron un papel destacado en la Hermandad de la Santa Caridad que administraba los hospitales y la Casa de los Niños Expósitos.

Referencias:


1 Alberto González Arzac, Abolición de la esclavitud en el Río de la Plata, edición del autor, Buenos Aires, 1974.

2 Liliana Crespi, “Utilización de mano de obra esclava en áreas mineras y subsidiarias”, en Dina V. Picotti (comp.), El negro en la Argentina. Presencia y negación, Editores de América Latina, Buenos Aires, 2001, pág. 149 y ss.

3 La cifra de diecisiete millones es la que aparece en publicaciones y sitios oficiales de la Unesco.

4 En González Arzac, op. cit.

5 Emeric Essex Vidal, Pituresque Illustrations of Buenos Ayres and Montevideo, Londres, 1820. .

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Fuente: www.elhistoriador.com.ar

miércoles, 1 de febrero de 2017

La Defensoría repudia la reforma introducida por un DNU a la Ley de Migraciones

Defensoria Noticias La Defensoría repudia la reforma introducida por un DNU a la Ley de Migraciones 

30 enero, 2017

La reforma de la política migratoria argentina por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia nro. 70/17 genera el rechazo de organismos públicos y de la sociedad civil dedicados a la protección de los derechos de las personas migrantes que llegan a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida tanto personales como familiares.


Durante los últimos meses la Defensoría ha expresado su preocupación respecto del discurso que desde los medios de comunicación masiva se ha instalado. Funcionarios nacionales y periodistas han construido un relato negativo de la migración asociada al delito. Este discurso ha permitido avanzar en la drástica y absolutamente regresiva modificación de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, sancionada hace casi 15 años con el aval de distintos sectores políticos y sociales, y de la Ley de Ciudadanía 346.

La regresividad del decreto se observa en distintos aspectos. Especialmente preocupante es el retroceso que plantea el DNU en el reconocimiento de derechos y garantías fundamentales tales como la reunificación familiar, el debido proceso y el control judicial de las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones.
Así, el procedimiento implementado afecta a las poblaciones más vulnerables al disponer, por ejemplo, que si no se constituye domicilio o es inexistente el declarado quedará notificado por Mesa de Entradas en DOS días hábiles. Así, la persona tendrá que ir todos los días a la Dirección Nacional de Migraciones a ver su expediente. Esta modificación no promueve su derecho de defensa, sino que lo atenta.

Por su parte, para acceder a asistencia jurídica gratuita las personas deberán acreditar “fehacientemente” ante la DNM la falta de medios económicos. Caso contrario se continuarán las actuaciones administrativas sin más trámite. Es sabido que la obtención de cartas de pobreza demora más que el plazo recursivo de TRES DÍAS IMPRORROGABLES que fija la nueva norma, lo que termina vulnerando el acceso a la justicia de la población migrante que no se encuentre en condiciones de contratar un abogado particular.

En igual sentido, el procedimiento de revisión de las decisiones administrativas que supo marcar un cambio de paradigma respecto de la política migratoria durante la vigencia de la denominada Ley Videla se transforma en un control simbólico, automático, de los actos de la Dirección Nacional de Migraciones. Tal es así que la ley le dice al juez cómo actuar frente a cada supuesto, restándole un escaso margen de decisión. Por ejemplo: el juez no puede dispensar un impedimento por reunificación familiar, el que solo puede dispensar la DNM previa acreditación de la “convivencia del grupo familiar”, para lo que se tendrá en cuenta el interés afectivo y económico. Se desconocen así las distintas modalidades de familia y además se genera una intromisión en la vida privada de las personas por parte de la autoridad administrativa.

Solo como un ejemplo más de la regresividad normativa, cabe mencionar la obligación de responder los pedidos de informes sobre la situación migratoria por parte de las oficinas públicas, que se verán sancionadas de no hacerlo en plazos que van de 2 a 5 días hábiles. Esta modificación merece el repudio por su naturaleza, en tanto obliga a sus destinatarios a generar un control de permanencia sobre la población migrante, resabio de la Ley Videla que supo ser cuestionado y finalmente modificado, lo que fue la famosa “obligación de denuncia”.

Merece destacarse la modificación a otra norma, la Ley de Ciudadanía 346. Este cambio resulta irrazonable ya que se sustenta en el “fraude a la ley migratoria”, categoría que no es ni delito ni sanción administrativa, sino meramente una construcción doctrinaria de la DNM utilizada para negar derechos. Se exige así la obtención de residencia temporaria o permanente para acreditar el arraigo normado por la Constitución Nacional. Esta modificación es contraria a la Constitución Nacional, a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ni I- Hsing) y a numerosos precedentes jurisprudenciales que de modo unánime dispusieron que los dos años de residencia no estaban sujetos a una categoría de residencia migratoria. Lo más preocupante es que no hay argumentos para modificar esta ley, ya que el DNU se centra en “los hechos de criminalidad organizada” en tanto que la obtención de la ciudadanía exige acreditar medios de vida lícitos, lo que se prueba con numerosos informes que el juez solicita a las distintas fuerzas de seguridad. De este modo, ¿cuál es el sentido de modificar la forma de probar el arraigo? Se observa una desviación de poder preocupante que merece su rechazo.

Es importante subrayar que la Ley 25.871 y el Decreto 616/2010 buscan proteger a un colectivo especialmente vulnerable que ha estado expuesto durante décadas a abusos y arbitrariedades por parte tanto de la Administración Pública como de redes delictivas. La migración en Argentina ha estado siempre vinculada al trabajo y a las posibilidades de mejorar la calidad de vida. Hoy -como hace más de un siglo. hombres, mujeres y niños llegan a nuestro país motivados por el deseo de desarrollar una vida digna.

El cambio normativo por decreto, cuya urgencia se funda en la lucha contra el delito, preocupa no solo porque desconoce el lugar de las instituciones de la democracia sino, fundamentalmente, por el impacto que tendrá en la vida cotidiana de miles de familias migrantes hoy utilizadas como chivo expiatorio del poder político.

Esta Defensoría refuerza más que nunca su compromiso en la protección de los derechos de las personas migrantes y repudia la modificación arbitraria y regresiva de una ley que es considerada modelo en el mundo entero.

Inmigración en Argentina: lo que no se dice

Publicado el 26 diciembre, 2016 por pescadofrescoblog

Argentina tiene dos tradiciones inmigratorias. De una de ellas se enorgullece, de la otra reniega. La primera es la gran migración ultramarina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que modificó radicalmente la estructura de la sociedad criolla, especialmente en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa… Amparada por el preámbulo de la Constitución Nacional y por la Ley Avellaneda, esta inmigración legó —entre muchas otras cosas— el relato del crisol de razas, que despuntó hacia el Centenario y se consolidó en innumerables mesas familiares y en los textos escolares. Sabemos que las decenas de miles de italianos, españoles, rusos, polacos, turcos y armenios que vinieron a estas orillas no eran los ingleses, suizos y alemanes deseados por Sarmiento y Alberdi hacia 1850 (esos seres rubios de genes celestes cuya sola presencia iba a torcer el camino de la barbarie hacia la civilización), pero no importó. Eso sólo demostró que lo relevante eran el esfuerzo y la vocación de sacrificio, y no el origen nacional, el idioma o la religión.

La segunda tradición migratoria proviene de los países americanos: Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, y más recientemente Perú. Esta migración está presente en nuestro país por lo menos desde 1869, cuando se realizó el primer Censo Nacional de Población. Para ese entonces, los extranjeros provenientes de países limítrofes representaban el 2% de la población (y los ultramarinos el 12%). Durante los siglos XX y XXI las personas provenientes de países vecinos continuaron arribando, pero jamás alcanzaron las proporciones de la antigua migración ultramarina: a lo largo de 150 años, siempre oscilaron entre el 2% y el 4% de la población total. En 2010, el censo enumeró 1.400.000 residentes latinoamericanos. Valores moderados en comparación con los más de 2.000.000 de migrantes ultramarinos que cien años antes, en 1914, constituían el 27% de la población total del país.

La migración ultramarina comenzó a desacelerarse a partir de 1920 aproximadamente, y prácticamente se detuvo unas décadas más tarde. Es por eso que hablamos de una migración histórica: ha dejado de ocurrir. La migración latinoamericana, con su ritmo mucho más pausado y no exento de altibajos, ha recorrido los siglos XIX, XX y XXI. Es, a la vez, una migración histórica y contemporánea. Sin embargo, no ha sido parte de ningún relato de la Nación, no fue amparada por la legislación hasta 2004 y hay que buscarla con lupa en los textos escolares. Más aún: cuando se habla de ella es casi siempre para estigmatizarla y compararla con la migración ultramarina —desventajosamente, por cierto—. Y en esa comparación, repiquetea siempre un adjetivo que se ha vuelto sustantivo: “ilegal”.

Durante el último cuarto del siglo XX (debido a diversas modificaciones de la normativa migratoria que no viene a cuento señalar aquí) los migrantes provenientes de países vecinos tuvieron enormes dificultades para regularizar su situación residencial, es decir: para obtener el DNI. Las exigencias eran tales que muchos argentinos no hubiéramos podido cumplirlas… Sin dejar de ponderar la Ley Avellaneda (que había sido derogada en 1981 por Videla) y repitiendo como mantras el relato del crisol de razas y el preámbulo de la Constitución, durante la década de 1990 abundaron los discursos terroristas xenófobos y las razzias mediáticas sobre “los inmigrantes ilegales” peruanos, paraguayos y bolivianos. Desconociendo los obstáculos que repetidamente les imponían los reglamentos migratorios aprobados en democracia (en 1987 y 1994), su indocumentación fue argumentada como vocación de ilegalidad, lo que a su turno deslizaba fácilmente hacia la ilegitimidad de su presencia en el territorio argentino.

Alguien cuyos abuelos o bisabuelos hayan sido italianos, españoles, rusos, polacos, japoneses… ¿alguna vez los escuchó hablar de la Dirección Nacional de Migraciones? ¿De no tener cédula de Policía Federal, Policía Provincial, o DNI? ¿De tener que renovar la residencia y pagar la tasa? ¿De no poder abrir una cuenta de banco, alquilar un local, comprar una vivienda o tener que trabajar por una paga menor por carecer de documento? Seguramente no. Porque los migrantes ultramarinos muy rara vez fueron indocumentados (nadie osaría hablar de ellos como “ilegales”) y los pocos que lo fueron fue a consecuencia de situaciones singulares y no como efecto sistemático de la aplicación de la ley migratoria. Esto es parte de lo que no se dice, de aquello que ha sido mudo e invisible en los relatos familiares: los abuelos o bisabuelos trabajaron mucho (como burros, según mi abuelo calabrés) y todo ese esfuerzo cuajó en la libreta de ahorro, en la casa construida en un loteo, en la zinguería, en el bar, en la tintorería, en la chacra —en lo que fuera— porque nunca fueron extranjeros indocumentados. La documentación (y la legalidad que implica) no fue mérito de ellos, sino que fue el corazón de una política de cuyos efectos nos enorgullecemos. Su inclusión y su movilidad social surgieron de su esfuerzo (sin duda), pero también de una ley que los legalizó sin limitaciones (la ley Avellaneda) y de una escuela pública que educó a sus hijos e hijas, muchos de ellos extranjeros también.

En 2004 se derogó la ley de la dictadura que había sustituido a la Ley Avellaneda, y tras 128 años, Argentina (el país del crisol de razas) volvió a tener una ley migratoria con debate social y trámite parlamentario regular. Entre muchas otras cuestiones, la ley vigente (Nº 25.871) incorporó el criterio de nacionalidad como fundamento de la residencia temporaria. Esto significa que las personas ciudadanas de casi todos los países sudamericanos pueden solicitar permiso de residencia por dos años basado en su nacionalidad. Obviamente, deben cumplir otros requisitos, entre ellos ingreso regular al territorio, carencia de antecedentes penales y pago de tasa migratoria. Así obtienen un DNI de residente temporario, válido por dos años, que luego debe renovarse ante la Dirección Nacional de Migraciones. De este modo regularizaron su situación migratoria decenas de miles de personas que llevaban cinco, diez, quince e incluso veinte años viviendo en Argentina de manera estable (y en muchos casos definitiva) pero sin el bendito papel que les permitiera caminar por la calle tranquilos. El criterio de nacionalidad de la ley actual no es lo mismo que la residencia permanente que obtenían de manera automática los migrantes ultramarinos, pero sin duda es un paso gigantesco en contra de la indocumentación y de la marginalidad que ella genera, que perjudican a la sociedad en su conjunto y solo benefician a quienes se valen de ellas para pagar sueldos más bajos o evadir cargas sociales.

En los últimos meses han vuelto las miradas torcidas sobre los inmigrantes. Que la frontera es un colador, que llegan y ya tienen un plan social, que deberían pagar por la educación pública y por la salud, que son narcos, o adictos, o explotadores, o esclavos, o vagos, o analfabetos, o pretenden educación universitaria barata, y así según el gusto (o las fobias) de cada quien. Sin duda, cada una de estas cuestiones amerita una mirada puntual. Pero en conjunto, lo que se dice —casi sin pensar, o pensando—apunta principalmente a los migrantes latinoamericanos, esos “recién llegados” (que sin embargo están aquí desde hace 150 años…). Esta es la otra tradición migratoria, la que no se dice, la que fue ilegalizada e indocumentada durante décadas, y que a pesar de la masiva regularización documentaria de los últimos años sigue conservando, en los ojos de muchos, un cariz de ilegitimdad que hoy se ha empezado a fogonear nuevamente. ¿Será que los descendientes de los migrantes ultramarinos atizaremos una vez más las brasas de la xenofobia y el racismo? ¿O alguna vez quedará claro no hay inmigrantes buenos o malos, mejores o peores, civilizados o bárbaros, sino que los inmigrantes son lo que los nativos hacemos de ellos a través de las leyes, las instituciones y las prácticas?

De mis cuatro abuelos, uno vino de Calabria, una vino de Castilla y dos eran argentinos. Mis hijos tienen tres abuelos argentinos y una abuela de Carapeguá, Paraguay. Parafraseando la conocida frase de Octavio Paz, muchos argentinos descendemos de los barcos… y de los micros. Es hora de “sincerar” la inmigración en Argentina.

María Inés Pacecca
Antropóloga – FFyL – UBA

jueves, 19 de enero de 2017

Texto completo del comunicado de prensa preparado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia Sr. Mutuma Ruteere, 23 de mayo de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

23 de mayo de 2016

“Señoras y Señores:

En el día de la fecha concluye mi visita oficial a la Argentina que realicé entre los días 16 y 23 de mayo a invitación del Gobierno. En estos últimos diez días mantuve reuniones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Provincias de Buenos Aires, Salta y Formosa. Me reuní con funcionarios de Gobierno en los ámbitos federal y provincial, miembros de los poderes legislativo y judicial, así como con representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas y de migrantes, afroargentinos, así como con las víctimas de prácticas discriminatorias y otros grupos y actores relevantes. Además, se me concedió acceso a la cárcel de Ezeiza donde pude conversar con las autoridades penitenciarias y con detenidos.

Quisiera agradecer al Gobierno de la Nación Argentina por la invitación y cooperación, así como por su voluntad para preparar y concretar mi visita. Por otro lado, me gustaría transmitir todo mi agradecimiento a mis interlocutores por las conversaciones esclarecedoras que mantuvimos.

Viajé a la Argentina para observar en primera persona y obtener una mayor comprensión sobre la situación. Tuve la oportunidad de escuchar a todas las partes interesadas pertinentes en relación con el tema en cuestión para poder evaluar los avances realizados, identificar aquellos desafíos que aún quedan pendientes a fin de eliminar el racismo, la discriminación racial y la xenofobia; y realizar intercambios constructivos con el Gobierno sobre las maneras más eficaces de superar los obstáculos a fin de lograr una aplicación efectiva de las leyes, políticas y medidas ya existentes. Por último, el objetivo de mi visita es formular una serie de recomendaciones para ayudar al Gobierno a abordar en forma efectiva el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, a fin de alentar una sociedad inclusiva que, hoy más que nunca, resulta una pieza clave, en especial dentro del marco de la nueva agenda de desarrollo sostenible cuyo lema es “no dejar a nadie atrás”.
Quisiera subrayar que realicé mi visita sin preconceptos y con gran entusiasmo por escuchar los puntos de vista, las inquietudes y experiencias de todos los actores relevantes en las áreas que abarca mi mandato.

En el transcurso de mi visita a la Argentina, le he prestado especial atención a la situación de los pueblos originarios, los afrodescendientes, los migrantes de la región y de otras procedencias también, los descendientes de judíos, y otras comunidades como la LGBTI, y las mujeres migrantes cuya vulnerabilidad se ve incrementada por factores de interseccionalidad. Mi visita se efectuó en un momento en que la Argentina comienza un nuevo capítulo en su política, lo que también representa una oportunidad para redefinir prioridades en la programación hacia el futuro. Sin embargo, ello también significa que es necesario efectuar una evaluación clara y profunda de los logros en los últimos años y los retos aún pendientes, tanto a escala federal como provincial, con vistas a implementar el Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005, así como las recomendaciones efectuadas por el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluido el Comité de Evaluación para la Discriminación Racial-2010 (CERD por sus siglas en inglés), y el último Examen Periódico Universal-2012 (EPU), y aquellas recomendaciones realizadas por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, espero que mis observaciones preliminares logren ser un punto de partida para que el Gobierno pueda tomar de inmediato las medidas que tanto se necesitan.

Logros clave a nivel legislativo, institucional y político


Recibo con beneplácito el compromiso expresado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación para priorizar la inclusión y el pluriculturalismo en la agenda de los derechos humanos, extendiendo el enfoque de dichos derechos más allá de la memoria, la justicia y la verdad, hacia un enfoque más integral, lo que incluye el acceso igualitario a los derechos para todos, conforme lo garantizado por la Constitución Nacional.

La Argentina ha desarrollado un marco jurídico integral para la eliminación de la discriminación racial, lo que abarca las disposiciones de la Constitución para garantizar la equidad en el goce de los derechos para todos los habitantes, tanto argentinos como extranjeros. La Ley 23,592 establece desde 1988 la figura de la discriminación en general, y la de discriminación racial en particular, como delitos comunes, y además estipula un agravante en el caso de los delitos penales cometidos por persecución u odio racial. Identifica además como delitos penales la participación en una organización racista o la realización de propaganda de esta índole, así como la incitación a la persecución o al odio por cuestiones raciales (Ley 23.592, artículo 3).

Este marco podría fortalecerse aún más si se definiera la discriminación en general como delito penal. En este sentido, veo con beneplácito el debate legislativo actual sobre la posibilidad de ampliar la ley.

Quisiera también resaltar el marco ya existente para abordar cuestiones atinentes a grupos vulnerables específicos, tales como los pueblos originarios: la Ley 26.554 que prorrogó el plazo establecido en la Ley 21.160, que está a punto de vencer. Esta ley ordena que -en virtud de la situación de emergencia imperante- se realice un relevamiento en materia de posesión y titularidad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, a fin de evitar los desalojos forzados. Por otro lado, se encuentra la Ley 23.302 que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyo objetivo es asegurar que los pueblos originarios puedan ejercer una ciudadanía plena en cumplimiento de sus derechos constitucionales; y la Ley 26.206 que estableció la Educación Intercultural Bilingüe.

También veo con beneplácito los esfuerzos realizados para reconocer, a través de una serie de medidas simbólicas, la existencia de la población afroargentina. Además quisiera señalar que se ha extendido la protección jurídica a los refugiados y solicitantes de asilo como resultado directo de la implementación del
 Plan Nacional contra la Discriminación de 2005.

La ley progresista sobre migraciones con que cuenta la Argentina y que se destaca a escala internacional, reconoce la migración como derecho fundamental inalienable, y tiene por objetivo asegurar la aplicación de procedimientos y criterios no discriminatorios, de conformidad con los derechos y las garantías establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales; y además enfatiza que los inmigrantes deben gozar de los mismos derechos que los nacionales del país. Sin embargo, la ley no es lo suficientemente conocida por la población en general y los funcionarios públicos, lo que ha llevado a denegar a los inmigrantes los derechos básicos tales como el acceso a la vivienda y, en algunos casos, el acceso a la justicia o los servicios de salud. Por otro lado, no existe un plan formal para la integración de los inmigrantes y a menudo estas poblaciones deben depender de organizaciones de la sociedad civil y otras para su integración, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad.

La Argentina también ha establecido una serie de instituciones para promover los derechos humanos y luchar contra la discriminación como, por ejemplo, el INADI, que tiene la responsabilidad de implementar el plan nacional contra la discriminación, concientizar sobre el tema, y realizar investigaciones y relevamientos sobre el problema, así como recepcionar los reclamos individuales. Quisiera expresar mi agradecimiento por la reciente actuación inmediata del INADI, en coordinación con las dependencias de gobierno correspondientes, para abordar casos de violencia neonazi y expresiones antisemíticas. También veo con beneplácito los desarrollos recientes para combatir la discriminación y las expresiones de odio en los deportes.

Quisiera además reconocer el mandato de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- así como del Consejo Federal de Derechos Humanos, que reúnen a las secretarías y altas autoridades de derechos humanos de las 24 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Deseo reconocer la existencia de entes de monitoreo independientes como la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que son todas prácticas excelentes que deberían fortalecerse y apoyarse plenamente. En este sentido, aliento a una pronta designación de un nuevo Defensor del Pueblo.

Desafíos principales


De todos modos, y como sucede también en otras partes del mundo, he encontrado prácticas discriminatorias que a menudo afectan a los pobres y a los más vulnerables que pertenecen a grupos minoritarios, incluidos los pueblos originarios, los afroargentinos, y las comunidades de migrantes. En la Argentina, a veces se refieren al delito de “portación de rostro”.

A pesar del marco institucional y jurídico integral, falta aún una implementación efectiva y persisten todavía retos significativos. En particular, la situación de los pueblos originarios en ciertas áreas del país es terrible ya que viven en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos. En tanto una gran parte de las minorías sigue siendo invisible a todas las esferas de la sociedad, la situación de los pueblos originarios es especialmente crítica y requiere atención inmediata. Se les niega acceso a las necesidades básicas tales como el agua potable, una vivienda digna, una atención de la salud de calidad, oportunidades de empleo y una educación adecuada y de calidad. Se encuentran en general excluidos de la vida social y política. Existe una ausencia de representantes de los pueblos originarios en cargos clave para la toma de decisiones, aún en los entes específicamente dedicados a las cuestiones atinentes a dichos pueblos. Los métodos de consulta con esta población no resultan acordes con su cultura y enfoque de la vida. El acceso a la propiedad de las tierras sigue siendo un desafío y se deben adoptar rápidamente nuevas disposiciones para proteger a las comunidades del desalojo ante el vencimiento en 2017 del plazo establecido en la Ley 26.554. Es necesario simplificar el sistema de registro de las tierras comunitarias así como brindar asistencia adecuada en dicho proceso.

La medida tomada respecto de la educación bilingüe intercultural, aunque positiva en su esencia, ha experimentado limitaciones en su implementación que sus beneficiarios perciben como unidireccional. Se han planteado también inquietudes respecto de la falta de capacitación de profesores designados para interactuar con las comunidades originarias, lo que resulta en la estigmatización de los niños indígenas en las escuelas donde se observa una actitud sesgada. La poca cantidad de profesores de origen indígena continúa siendo una cuestión problemática. La falta de acceso a servicios y centros de salud, así como el número generalmente limitado de médicos capacitados que entiendan la cultura indígena, han contribuido a condiciones muy graves de salud materno infantil en las áreas rurales. En otros lugares, incluidos los centros urbanos, algunos proveedores de atención de la salud y de servicios no han extendido dichos servicios a ciertas áreas donde viven principalmente comunidades de migrantes. He escuchado decir que las ambulancias, los servicios postales y los proveedores de servicios privados se niegan a operar en determinadas comunidades debido a una segregación de facto de ciertos grupos de la población, lo que conduce a una mayor estigmatización. Dicha estigmatización se encuentra también reforzada por el retrato estereotipado de ciertos grupos y aún de ciertas nacionalidades por parte de los medios de comunicación.

Por ende, existe la necesidad de reforzar la presencia en los medios de los grupos minoritarios de un modo no estereotipado, para sostener y apoyar el mandato del Observatorio de Medios que ha desarrollado una buena práctica al entablar un diálogo constructivo con todas las partes interesadas.

Lo más alarmante es -según se me ha informado en diversas partes del país- la tendencia a reprimir la movilización de los grupos originarios en reclamo de sus derechos; y a tomar represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas, así como contra los integrantes de sus familias. Los defensores de los derechos de las minorías, incluidos los migrantes, también han sido objeto de estas represalias. Por lo tanto, realizo un llamamiento al Gobierno Nacional y a las autoridades provinciales para que se tomen medidas de inmediato a fin de ofrecer la protección necesaria y el debido proceso para aquellos defensores de los derechos civiles que, junto con sus familias, son objeto de acoso judicial y persecución por parte de las fuerzas de seguridad en el país; y para que se inicien investigaciones especiales y transparentes respecto de aquellas muertes sospechosas de los defensores de los derechos humanos de estas minorías.

Escuché reclamos de que la policía realiza discriminación por perfil y ejerce violencia contra los migrantes de países vecinos y de otras procedencias, que dichos actos no son sancionados, que rara vez se investigan, y que a veces se cierran las causas sin la realización de investigaciones exhaustivas o sin que las partes involucradas hayan prestado declaración. También me preocupa la violencia sistemática de parte de la policía contra los vendedores callejeros senegaleses.

El acceso a la justicia para los grupos vulnerables –desde las poblaciones originarias hasta los migrantes y afrodescendientes- sigue siendo un reto. Las dificultades en acceder a la justicia se vinculan con las barreras del idioma, los conocimientos limitados sobre las leyes, las dificultades en encontrar una orientación jurídica adecuada, en especial para los pueblos indígenas y, lo que resulta más alarmante en determinados momentos, la imposibilidad de presentar una demanda ante la secretaría de un juzgado.

Es también preocupante observar que la justicia no señala el vínculo entre la discriminación y la denegación de servicios básicos. La ausencia de grupos minoritarios en los niveles más elevados del Poder Judicial resulta un desafío significativo para los grupos objeto de discriminación racial, en particular los pueblos indígenas y los migrantes. También se me informó que en algunas zonas del país, los jueces pueden ser cómplices de las prácticas discriminatorias y las represiones contra los activistas de los grupos minoritarios. En este sentido, resulta urgente que el Gobierno realice el monitoreo de las causas presentadas por los grupos minoritarios respecto de su acceso a los derechos básicos, a fin de asegurar una debida evaluación de los elementos de discriminación. Además, insto a los tribunales superiores a prestar la mayor atención posible a aquellos aspectos relativos a la discriminación al revisar los casos planteados por individuos pertenecientes a grupos minoritarios, en especial los pueblos originarios, a quienes a menudo se les niega una respuesta de los tribunales en el ámbito provincial.

La educación es un medio fundamental para erradicar el prejuicio, la discriminación, la estigmatización y para fomentar un entendimiento mutuo así como la convivencia. Sin embargo, es de gran preocupación que no haya un programa de educación en derechos humanos integral para combatir el sesgo y promover el entendimiento mutuo. Más aún, todavía quedan por materializarse los pasos necesarios para reconocer en forma apropiada la contribución de los grupos marginados –incluidos los pueblos originarios- en los programas de estudio, lo que contribuye aún más a su invisibilidad y estigmatización. En este sentido, invito al Gobierno a lanzar oficialmente en todo el país el Decenio de los Pueblos Afrodescendientes, y a promover actividades específicas diseñadas con la comunidad, con el objetivo de que se reconozca y establezca como corresponde la contribución pasada y presente de los afroargentinos en el país.

El INADI participa en los esfuerzos de concientización para abordar la estigmatización y el estereotipado de los refugiados, migrantes y pueblos afrodescendientes. Esta tarea debe fortalecerse, en especial con relación a los pueblos originarios. También recibí con beneplácito la información respecto del aumento significativo en los últimos meses en la aceptación de reclamos individuales por parte del INADI y aliento a la institución a tener llegada a las áreas más remotas del país y prestar especial atención a los pueblos originarios, además de otros grupos vulnerables, lo que incluye a los afrodescendientes, migrantes y quienes son objeto de vulnerabilidades transversales tales como el grupo LGBTI y las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios.

Aunque el mandato del INAI se refiere a implementar la política de los pueblos indígenas y a promover la participación de las comunidades en el diseño y la implementación de las políticas de estado que los afectan, muchos de mis interlocutores han señalado que la institución no ha logrado satisfacer sus objetivos de promover el respeto por las formas tradicionales de organización en el proceso de toma de decisiones, fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales, y la creación de la base para un desarrollo integral y sostenido que sea compatible con la conservación del medio ambiente en los territorios que habitan los pueblos indígenas. Resulta especialmente inquietante la representación de los pueblos indígenas en los niveles en que se realiza la toma de decisiones dentro del INAI. Parece que también le faltara al INAI el financiamiento apropiado para realizar su misión y, además, se encuentra demasiado lejos de las comunidades a las que debe servir. Por ende, el mandato del INAI debería fortalecerse a fin de otorgarle facultades más sólidas en cuanto a la toma de decisiones, y a fin de expandir su alcance en las provincias. En general, existe en este plano la necesidad de cambiar la forma de inclusión de los pueblos indígenas desde una política enfocada a la asistencia social y el bienestar hacia una basada en los derechos y la justicia, a través de políticas de estado en todos los sectores. Resulta clave contar con una coordinación multisectorial de esta política desde los niveles más altos del gobierno para lograr una implementación exitosa a escala nacional y provincial.

El nivel de implementación del Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005 que también es una buena práctica, debería evaluarse en profundidad para definir objetivos nuevos con la participación activa de los grupos involucrados, quienes también deberían participar como corresponde en el proceso de monitoreo de los avances. En este sentido, sigue siendo problemática la falta de datos y estadísticas confiables, y es necesario que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos diseñe, en coordinación con todos los Ministerios e instituciones especializados, los protocolos para la recolección sistemática de datos confiables y desagregados respecto de una amplia variedad de indicadores. Los datos resultan fundamentales para medir los niveles de discriminación, identificar los vacíos existentes y diseñar políticas adecuadas, tal como se ha señalado en la agenda de desarrollo sostenible 2030.

Realizo también un llamamiento al gobierno argentino para que establezca medidas de acción positiva, a fin de asegurar una representación de los grupos minoritarios en cargos importantes de toma de decisiones y, en particular, en cargos que puedan influir sobre la educación, incluido el nivel universitario, y en cargos dentro de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Esto es de especial urgencia para los pueblos originarios, ya que las modalidades de participación actuales han fracasado en gran medida en lo que se refiere a darles la voz y visibilidad necesarias con vistas a remediar su larga historia de exclusión y marginación. La condición actual de los pueblos originarios no puede esperar y exige una atención inmediata de los niveles más elevados del gobierno.

Comentarios finales

Para concluir, quisiera agradecer el compromiso expresado por el nuevo gobierno para abordar el problema de la discriminación. La Argentina cuenta con muchas buenas prácticas que ya ejemplifican lo que es posible. Sin embargo, hay aún mucho por hacer para la materialización de los derechos de los grupos históricamente discriminados y marginados. También me preocupan ciertas decisiones recientes del poder ejecutivo en relación con la discontinuación de algunos de los programas existentes para promover los derechos de las minorías en determinados sectores. Al observar las dificultades que plantea la situación económica del país, es necesario enfatizar la importancia de mantener las medidas para proteger a los más vulnerables. Veo con beneplácito el nuevo plan nacional de derechos humanos y aliento al Gobierno de la Nación para que lo publique y promueva la difusión de su contenido entre los funcionarios correspondientes y la población en general. Finalmente, el esfuerzo del país para brindar capacitación en derechos humanos a los diversos sectores del Gobierno debería fortalecerse, en especial, entre los proveedores de servicios, las fuerzas de seguridad y los operadores del sistema judicial.

Prepararé un informe más abarcador y detallado con recomendaciones específicas y, a su vez, insto al gobierno a implementar en forma efectiva y plena las recomendaciones efectuadas por CERD, EPU, así como las del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que aún no se han cumplido.

Muchas gracias”.

Fuente:http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20005&LangID=S#sthash.zDSs1htO.dpuf