En el marco de la defensa de la comunidad afro con oficio de vendedores ambulantes, IARPIDI y COPADI están sensibilizando a distintas autoridades y a la sociedad argentina de las violaciónes de los derechos humanos que sufren los africanos y afrodescendientes residentes en el país, para solicitar su apoyo y colaboración para erradicar las prácticas racistas de las cuales estos ciudadanos son víctimas.
Es en este contexto que la siguiente carta fue enviada a distintitas autoridades.
Estimados/as
Nos dirigimos respetuosamente a Usted con el propósito de poner bajo su conocimiento una serie de hechos y circunstancias que afectan la vida de las personas africanas y afrodescendientes que residen en la República Argentina y, más específicamente, dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
En primer lugar es importante destacar que buena parte de estas personas es solicitante de Estatuto de Refugiado, el cual según nuestra normativa tramita ante el CEPARE, organismo responsable de determinar si la persona solicitante reúne los requisitos para obtener dicho Estatuto. Estos procesos demoran como mínimo un año, plazo durante el cual se acentúan las dificultades que viven las personas africanas para la supervivencia cotidiana. En términos generales, la situación de miles de personas provenientes de África y, en buena medida, solicitantes de refugio internacional, pueden sintetizarse en los múltiples obstáculos para salir de la pobreza, conseguir alojamiento digno, acceder al mercado de trabajo y a las instituciones de salud, comunicarse con la sociedad y las instituciones, prevenir situaciones de violencia en espacios públicos y privados, revalidar títulos profesionales, etcétera.
En este contexto adverso, los/as diferentes miembros de colectivos africanos y afrodescendientes se ven forzados a realizar actividades laborales de mera subsistencia en un marco absoluto de marginalidad y sin contar con ningún amparo ni protección por parte de las leyes de trabajo y de las instituciones estatales. Esta situación los expone a diferentes formas de violencia de las Fuerzas de Seguridad, que es avalada por parte de los/as fiscales y, en ocasiones, por funcionarios/as del Poder Judicial.
Este cuadro de situación se constituye, de esta forma, a través de diferentes canales que en su conjunto hablan de una estructura basada en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y en otras modalidades conexas de intolerancia.
En el marco de los últimos meses esta situación se ha agravado a extremos aún más preocupantes. La Policía Federal Argentina, en el contexto de los diferentes procedimientos de “prevención” que realizan, ha hostigado, interrogado y secuestrado mercaderías utilizadas para la venta en la vía pública a diferentes personas, entre las cuales destacan aquellas de nacionalidad senegalesa. Algunos casos han llegado a revelar prácticas tales como el secuestro de documentación e incluso la vulneración de la libertad ambulatoria de estas personas sin bases jurídicas para ello; personas que sólo realizan actividades de mera subsistencia en diferentes barrios porteños, y específicamente en el barrio de Constitución.
Como corolario de las prácticas que se detallan, los abajo firmantes iniciamos acciones legales ante las autoridades judiciales con el propósito de denunciar y hacer cesar los innumerables atropellos sufridos por estas personas.
Así, l5 enero de 2009 se presentó una acción de habeas corpus preventivo con el fin de obtener una decisión de parte de los jueces que dé mayor resguardo a la libertad ambulatoria de las personas senegalesas, que se encuentra en situación de constante amenaza. La interposición de esta acción legal motivó dos audiencias judiciales en las que los peticionantes senegaleses (todos ellos con Estatuto de Refugiado concedido o en trámite), a pesar de haber estado presentes, no pudieron expresarse adecuadamente por la falta de un interprete que facilite la comunicación en su lengua nativa (wolof) y en castellano. Esta situación impidió un adecuado acceso a la justicia para estas personas, que no contaron con las herramientas y canales necesarios para expresar en toda su magnitud la gravedad de las amenazas y tratos discriminatorios que sufren de manera persistente.
El remedio legal ensayado no tuvo resultados favorables para los senegaleses peticionantes, tanto en primera instancia como en el trámite ante la Cámara de Apelaciones del fuero penal, contravencional y de faltas. Esta denegatoria de justicia no ha hecho más que incrementar los riesgos y amenazas a su libertad física. Actualmente, el presente caso está siendo recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de que se revise la legalidad de las medidas adoptadas por parte de los jueces inferiores.
Este breve relato da cuenta expresa de la indiferencia con que el Estado argentino trata a las diferentes personas africanas en general y a las de nacionalidad senegalesa en particular. Junto a la presente carta adjuntamos el último recurso presentado ante el Tribunal Superior, que sintetiza el contexto descrito y el trámite judicial previo. También incorporamos información periodística que describe la situación de los senegaleses en la Ciudad de Buenos Aires.
Previo a concluir, entendemos de especial importancia expresar nuestra preocupación por estos hechos y aprovechamos la oportunidad para ponerlos en su conocimiento, con el fin de que adopte las medidas que, en el marco de sus atribuciones y posibilidades, entienda puedan corresponderle como representante consular.
Asimismo, solicitamos respetuosamente tenga a bien brindarnos una entrevista, en la que podamos detallar con mayor precisión esta situación y, eventualmente, llevar adelante acciones conjuntas.
Sin otro particular, le saluda a usted atentamente.
Por:
Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI)
Colectivo para la Diversidad (COPADI)
iarpidi@gmail.com
Es en este contexto que la siguiente carta fue enviada a distintitas autoridades.
Estimados/as
Nos dirigimos respetuosamente a Usted con el propósito de poner bajo su conocimiento una serie de hechos y circunstancias que afectan la vida de las personas africanas y afrodescendientes que residen en la República Argentina y, más específicamente, dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
En primer lugar es importante destacar que buena parte de estas personas es solicitante de Estatuto de Refugiado, el cual según nuestra normativa tramita ante el CEPARE, organismo responsable de determinar si la persona solicitante reúne los requisitos para obtener dicho Estatuto. Estos procesos demoran como mínimo un año, plazo durante el cual se acentúan las dificultades que viven las personas africanas para la supervivencia cotidiana. En términos generales, la situación de miles de personas provenientes de África y, en buena medida, solicitantes de refugio internacional, pueden sintetizarse en los múltiples obstáculos para salir de la pobreza, conseguir alojamiento digno, acceder al mercado de trabajo y a las instituciones de salud, comunicarse con la sociedad y las instituciones, prevenir situaciones de violencia en espacios públicos y privados, revalidar títulos profesionales, etcétera.
En este contexto adverso, los/as diferentes miembros de colectivos africanos y afrodescendientes se ven forzados a realizar actividades laborales de mera subsistencia en un marco absoluto de marginalidad y sin contar con ningún amparo ni protección por parte de las leyes de trabajo y de las instituciones estatales. Esta situación los expone a diferentes formas de violencia de las Fuerzas de Seguridad, que es avalada por parte de los/as fiscales y, en ocasiones, por funcionarios/as del Poder Judicial.
Este cuadro de situación se constituye, de esta forma, a través de diferentes canales que en su conjunto hablan de una estructura basada en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y en otras modalidades conexas de intolerancia.
En el marco de los últimos meses esta situación se ha agravado a extremos aún más preocupantes. La Policía Federal Argentina, en el contexto de los diferentes procedimientos de “prevención” que realizan, ha hostigado, interrogado y secuestrado mercaderías utilizadas para la venta en la vía pública a diferentes personas, entre las cuales destacan aquellas de nacionalidad senegalesa. Algunos casos han llegado a revelar prácticas tales como el secuestro de documentación e incluso la vulneración de la libertad ambulatoria de estas personas sin bases jurídicas para ello; personas que sólo realizan actividades de mera subsistencia en diferentes barrios porteños, y específicamente en el barrio de Constitución.
Como corolario de las prácticas que se detallan, los abajo firmantes iniciamos acciones legales ante las autoridades judiciales con el propósito de denunciar y hacer cesar los innumerables atropellos sufridos por estas personas.
Así, l5 enero de 2009 se presentó una acción de habeas corpus preventivo con el fin de obtener una decisión de parte de los jueces que dé mayor resguardo a la libertad ambulatoria de las personas senegalesas, que se encuentra en situación de constante amenaza. La interposición de esta acción legal motivó dos audiencias judiciales en las que los peticionantes senegaleses (todos ellos con Estatuto de Refugiado concedido o en trámite), a pesar de haber estado presentes, no pudieron expresarse adecuadamente por la falta de un interprete que facilite la comunicación en su lengua nativa (wolof) y en castellano. Esta situación impidió un adecuado acceso a la justicia para estas personas, que no contaron con las herramientas y canales necesarios para expresar en toda su magnitud la gravedad de las amenazas y tratos discriminatorios que sufren de manera persistente.
El remedio legal ensayado no tuvo resultados favorables para los senegaleses peticionantes, tanto en primera instancia como en el trámite ante la Cámara de Apelaciones del fuero penal, contravencional y de faltas. Esta denegatoria de justicia no ha hecho más que incrementar los riesgos y amenazas a su libertad física. Actualmente, el presente caso está siendo recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de que se revise la legalidad de las medidas adoptadas por parte de los jueces inferiores.
Este breve relato da cuenta expresa de la indiferencia con que el Estado argentino trata a las diferentes personas africanas en general y a las de nacionalidad senegalesa en particular. Junto a la presente carta adjuntamos el último recurso presentado ante el Tribunal Superior, que sintetiza el contexto descrito y el trámite judicial previo. También incorporamos información periodística que describe la situación de los senegaleses en la Ciudad de Buenos Aires.
Previo a concluir, entendemos de especial importancia expresar nuestra preocupación por estos hechos y aprovechamos la oportunidad para ponerlos en su conocimiento, con el fin de que adopte las medidas que, en el marco de sus atribuciones y posibilidades, entienda puedan corresponderle como representante consular.
Asimismo, solicitamos respetuosamente tenga a bien brindarnos una entrevista, en la que podamos detallar con mayor precisión esta situación y, eventualmente, llevar adelante acciones conjuntas.
Sin otro particular, le saluda a usted atentamente.
Por:
Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI)
Colectivo para la Diversidad (COPADI)
iarpidi@gmail.com
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