Los Afro argentinos y la Justicia Social

La presencia afro en la identidad nacional argentina siempre ha sido objeto de un debate permanente a nivel nacional como internacional, necesitando de este modo que serias investigaciones ocurrieran para subsanar las informaciones contradictorias al respecto para poder llegar a la verdadera identidad nacional argentina, la cual incluye la población procedente de áfrica subsahariana, es decir áfrica negra. Tras rescatar la presencia afro como uno de los componentes poblacional argentino, es importante hacer referencia a sus aportes y contribuciones en la construcción del país y abordar lo relacionado a la justicia social de este fragmento poblacional.

El censo llevado a cabo por Juan José de Vértiz y Salcedo en 1778 arrojaba resultados con una presencia afro muy elevada en las provincias de mayor producción agrícola: el 54% en la provincia de Santiago del Estero, el 52% en la provincia de Catamarca, el 46% en la provincia de Salta, el 44% en la provincia de Córdoba, el 42% en la provincia de Tucumán, el 24% en la provincia de Mendoza, el 20% en la provincia de La Rioja, el 16% en la provincia de San Juan, el 13% en la provincia de Jujuy, el 9% en la provincia de San Luis.1 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la población afro representó el 30% del total durante la presidencia de Juan Manuel de Rosas. En la actualidad se estima que los afro descendientes representan aproximadamente el 2% de la población argentina, pero este porcentaje hubiese sido superior a 4% si los afro descendientes residentes en ciudades con una población mayor a 50.000 habitantes hubiesen sido censado como teniendo raíces afro en el censo nacional de 2010.

Respecto a los aportes y contribuciones en la construcción de la Argentina, los africanos como esclavizados, se destinaron a las labores de agricultura, ganadería, el trabajo doméstico y en menor medida la artesanía. En las zonas urbanas, muchos desarrollaban labores de artesanía para la venta, cuyos réditos percibían sus patrones. Adicionalmente, en condición de esclavizados, libertos o inmigrantes, los afro argentinos aportaron mucho en la construcción de Argentina como lo señaló Jorge Miguel Ford en “Los Miembros Sobresalientes de mi Raza” donde da perfiles de catorce afro argentinos, de los cuales seis estaban en las fuerzas armadas (Lorenzo I. Barcala; Domingo Sosa; Felipe Mansilla; Casildo Thompson; Eduardo Magee; José María Morale), dos eran compositores (Federico Espinosa, Zenón Rolón), dos eran intelectuales (Froilán P. Bello; Casildo G. Thompson); uno era un filantrópico (Eugenio Sar); uno era escriba (Tómas B. Platero); uno era periodista (Manuel G. Posadas) y uno era poeta (Horacio Mendizábal). Muchos otros aportaron y siguen aportando en otros aspectos y sectores de la sociedad argentina, pero con una fuerte invisibilización de sus aportes y de ellos mismos como una manifestación deliberad y notable del racismo en Argentina como lo ha manifestado la Dr. María José Lubertino cuando era presidente del INADI, “Los afros en la Argentina han sido invisibilizados y hoy siguen invisibles. Este es el resultado de un proceso de diáspora producido por el esclavismo y su transformación en servidumbre… La actual estratificación social los ubica en la pobreza”

En cuanto a la justica social, la historia de la esclavitud misma y los maltratos recibidos por integrantes de la comunidad afro durante y después de la abolición de la esclavitud demuestran la violación sistemática de sus derechos fundamentales (políticos, civiles, económicos, sociales y culturales) que revela la notable injusticia social que caracterizó y caracteriza a esta comunidad en Argentina.

El concepto de la injusticia social puede evocarse cuando no todas las personas dentro de una sociedad tienen acceso igualitario a las instalaciones, servicios, sistemas, beneficios dentro de esa sociedad y en el caso de la comunidad afro, esto se caracteriza por no tener acceso igualitario a varios de sus derechos fundamentales, principalmente la educación, el empleo decente y estable, la vivienda digna, derechos políticos ubicándola en la situación de marginalidad y pobreza permanente. Esta injusticia social fue y sigue siendo producto de los sistemas políticos y conductas culturales y sociales que prevalecen en nuestro país por considerar que los afros no deben ser tratados con dignidad humana (algo difícil de crear o de reconocer por distintos motivos).

A través la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y la Formas Conexas de Intolerancia (septiembre 2001) se consideró como delitos de lesa humanidad, los tratos inhumanos infligidos a integrantes de la comunidad afro por intermedio de la esclavitud y el racismo, y esto implicaría que Argentina como país había incurrido en estos delitos. Por lo tanto en función de la injustica padecida por integrantes de esta comunidad y en sintonía con los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos se explicaría la necesidad imperativa y urgente de reparación de dichas injusticia en pos de la construcción de una sociedad igualitaria.

La protección, promoción y defensa de los derechos humanos es la responsabilidad de los Estados a través de sus distintos organismos desde la nación hasta los municipios, con el involucramiento de todos los sectores de la sociedad (partidos políticos, empresas privadas, escuelas, sindicatos, universidades, iglesias, hospitales, etc.) y de la ciudadanía. Es en este contexto que las Naciones Unidas habían proclamado en 2007 el 20 de febrero de cada año, como Día Mundial de la Justicia Social, considerándola “un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera” y que constituye “el núcleo su misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana”. La justicia social tiene entonces por objetivos principales: “erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”.

En términos concretos, la argentina tiene una deuda pendiente con la comunidad afro y el momento ha llegado para que la sociedad con las directrices y colaboración de los gobernantes empiece a deshacerse de esta deuda. Para ello, se podría recurrir a las siguientes sugerencias:
Realizar un censo que permita identificar a integrantes de la comunidad según su lugar de residencia, ¿en qué condiciones viven? ¿Cuáles son sus niveles de educación?, ¿Cuáles son sus necesidades educativas?, ¿Cuáles son sus posibilidades de empleabilidad y reinserción profesional y/o laboral?, ¿Cuáles son sus necesidades de vivienda, de salud, de otros servicios básicos? Esto le permitiría al Estado determinar o identificar prioridades, es decir necesidades, para luego diseñar con la colaboración y participación de los interesados y otros organismos la política social adecuada y específica para la comunidad. Luego, habrá que disponer de todos los recursos necesarios (recursos humanos, financieros, técnicos, institucionales, etc.) para la implementación de la dicha política social y colaborar en el control, ejecución y evaluación de los resultados. Esto se resumiría en la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Acciones Afirmativas como recomendado en las Conclusiones y Resoluciones de la Conferencia de Durban para identificar necesidades, atenderlas creando oportunidades económicas y prosperidades, y garantizando los derechos.

Me gustaría terminar este artículo con la observación de Alejandro Solomianski en Identidades secretas: la negritud argentina, donde resalta que “permanentemente hubo un grupo opresor (Euro-argentino) identificado con un concreto sistema ideológico-cultural (euro centrista capitalista) y diversos grupos oprimidos”1. El autor sigue y dice: “en gran medida la historia de la negritud argentina es también la historia de la blanquedad argentina, aunque no queramos verla en tanto tal o aunque ésta se nos auto presente, como la única argentinidad”2.


Por. Nengumbi C. Sukama
Presidente IARPIDI.