Entrevista Nengumbi con Paul Byrne

Buenos Aires, Argentina Diciembre 2009
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miércoles, 20 de mayo de 2020

ENTRE MICRORACISMO Y MACRORACISMO




Por: Sergio Francano

¿Veo veo….?

Negra siempre he sido,
como si negarlo, pudiera;
desde las raíces hasta el alma,
desde el cielo hasta mis ancestras,
desde el nuevo horizonte
hasta las montañas que me esperan.
(...)
Negra siempre he sido,
como negarlo, si quisiera,
porque he sido magia, revolución y resistencia.

Este fragmento es parte de un poema de Jazmín Reyes. Ella vive en Lima, Perú y se define en @poetafrofeminista, su cuenta de Instagram, como “Poeta, activista afrofeminista, negra disidente, gorda y libre”. Con ella y con otros dos entrevistados hemos conversado sobre racismo y discriminación racial con el fin de intentar entender una práctica que todos ejercemos y de la que, si no sos víctima de ese maltrato, no te das cuenta que haces: hablamos de los microracismos.
Jazmín es afrodescendiente y tiene un vínculo muy fuerte con sus raíces africanas, sin embargo, sus problemas con el racismo tienen que ver con otros elementos:

Todas las experiencias que tengo, en relación al racismo, el filtro principal ha sido el color de piel. Entonces, soy afrodescendiente, también entiendo que hay afrodescendientes de piel clara, pero yo me considero una mujer negra, básicamente basado en mis características físicas, mi color de piel, mi cabello, la forma de mi cuerpo, todo eso como  que ha englobado toda mi experiencia.
Nengumbi Celestin Sukama vive en Buenos Aires, Argentina y es el fundador del Instituto Argentino Para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI). Nació en la República Democrática del Congo y vive en Argentina desde 1995. Él nos explica porque es necesario el termino afrodescendiente y suma una disidencia:

El termino afrodescendiente nace en una cumbre realizada Santiago de Chile, en agosto del 2000, mientras se prepara la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, que se llevó a cabo en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001. En esa cumbre, los/las descendientes de esclavizados/as africanos/as deciden que, de acá en más se llamaran afrodescendientes, para sustituir a todas las otras denominaciones negativas, estigmatizantes, peyorativas que les daban personas de ascendencia europea sin tener derecho a hacerlo. Pero sabemos cómo funciona la supremacía racial, y es sobre 
esta base que nacen términos como "negro", "Moreno", "Negrito", "Morocho", etc.

En cuanto al termino afrodescendiente, este último no hace hincapié sobre el color de la piel, lo cual es política y humanamente correcto. Obviamente con el racismo, cuanto más oscura sea la piel, más se nota que la persona es de descendencia africana, por tanto, más alto será el nivel de racismo en cuanto a privación o acceso a derechos. También existen los/las africanos/as, como es mi caso. Yo nací en la República Democrática del Congo, No tengo ninguna vinculación con la esclavitud, no soy afrodescendiente, soy congoleño y africano. Soy también afroargentino por tener la nacionalidad argentina, pero no soy afrodescendiente argentino.

Ariana Cantillo es colombiana, vive en Cartagena y escribe en su blog “La Afrocolombiana”. Ella entiende que, el racismo tiene su raíz en la cultura:

De alguna forma, uno confía en lo que se ve más conocido para uno. Si no estás acostumbrado a lidiar con personas de piel oscuras, como lo quieras llamar y solo tengas una referencia de ese tipo de personas, que es normalmente la de ratero, la mentirosa, la puta, entonces seguramente nunca le vas a dar la oportunidad a que encaje más con esa descripción.

En el caso de la Argentina, la cultura se aferra  la idea de que a este país lo hicieron los inmigrantes, pero no cualquier inmigrante. Se construye en base a la cultura europea, invisibilizando a los africanos y a los nativos. Nengumbi nos dice:

El artículo 25 de la Constitución dice que Argentina fomentará la inmigración europea, porque Argentina quiso ser un país biológica y culturalmente europeo, es decir blanco, aunque blanco no existe, porque blanco es el color de esta hoja, entonces es una construcción ideológica, política y cultural, para darle nombre y sentido a esa jerarquía racial que habían inventado.

Lo cultural es lo propio, lo nuestro, lo que somos, nuestra esencia. Es así que la cultura racista se hace carne incluso en las personas que sufren discriminación racial. Jazmín nos cuenta su experiencia familiar:

Mi papa no decía que era afro, ni que era negro, era como que se sabía cuando nos mirábamos al espejo, pero no era que lo decía abiertamente. Además, como no tuve mucha vinculación con mi familia afro, con la familia de mi papa, tampoco tuve esa conexión. Pero al mismo tiempo recibía mensajes de mi papa, diciéndome exactamente que tenía que estudiar más, porque soy negra y que a las personas negras la discriminan y piensan que no pueden ser inteligentes, entonces recibir esos mensajes de mi papa era recibir una gran presión por ser siempre la mejor en el colegio, ser siempre la mejor en la universidad porque era lo que me tocaba de alguna manera. Como que te das cuenta de que son mensajes de que, si eres negra tienes que destacar, pero al mismo tiempo de no hablar de nuestra negritud como símbolo de orgullo.

Sin embargo, todos nuestros entrevistados entienden que los prejuicios son la base del racismo y de la discriminación racial. Por eso, han intentado reivindicar su identidad afro desde sus propios cuerpos. Jazmín y Ariana nos dan como ejemplo, que ellas se reivindican dejándose crecer el pelo natural, y la última de ellas nos aclara:

Yo creo que la mejor manera de uno como negro reivindicarse es dejar de juzgarnos entre nosotros mismos. Por ejemplo dejar de suponer que un muchacho monito que viene por la calle es un atracador o dejar de suponer que de pronto porque una persona sea de piel oscura pertenece a cierto estrato social,  de pensar que porque alguien es negro es pobre, ese concepto está completamente fuera de tiempo. ¿Qué otra cosa puede hacer uno para reivindicarse? Eso, internamente no sentirte menos ¿Entiendes? porque hay personas que se sienten menos capaces, menos inteligentes por el hecho de ser moreno. Yo creo que eso es como el inicio de todo es para empezar a reivindicarte con tu raza, primero tienes que darte valor a ti mismo, como afrodescendiente y no pensar que vales menos que otra persona o que le debes nada a alguien.

A pesar de su búsqueda y su reivindicación como africanos y afrodescendientes, la cultura racista esta tan arraigada que ha llegado al punto de volverse invisible, Pequeñas frases o acciones que ejecutamos sin darnos cuenta de que estamos siendo racistas. Jazmín nos da unos ejemplos:

Creo que lo más fácil que se me ocurre del microracismo es esta acción de cuando te tocan el cabello, por lo menos a mí, como que te dicen "ay, qué bonito esta" y ya te lo tocaron sin el permiso, y eso me ha generado mucha molestia, me hace mucho ruido esa sensación. Yo lo entiendo como que tu propia identidad, tu propia expresión de pertenencia entonces la otra persona tiene ese poder de poder tocártelo en el momento en que lo desee.

Los microracismos o racismo invisibilizados o naturalizados, son parte de nuestra vida cotidiana y afectan muchísimo a las personas que lo padecen. Nengumbi, profundiza un poco más en el tema:

Lo micro constituye la base de lo macro. Lo macro es el conjunto de lo micro. Cuando te dicen “negrito”, “lo digo con cariño no es para ofender” y quieren insistir e insistir o “morochito”, “morocho”, “es con cariño”, “no es para ofender”, insisten, insisten, “el día se puso nublado” porque vio a un africano, “debe estar por llover”, en un día soleado, “en cualquier momento llueve”.

Fanón desarrolló muy bien el tema de la exotizacion que hicieron los europeos, el afro es objeto sexual, ya sea el varón o la mujer. "Oh, mira ese negrito, que tiene músculos grandotes", "mira, como me gustaría darle a esa negrita". Todo eso forma parte de lo que se llama Microracismo. Otro ejemplo es cuando preguntan a una persona afro ¿de dónde sos?, olvidando que Argentina tiene presencia afro desde el siglo XVI.  

Superar los microracismos requiere de cada uno de nosotros un compromiso de deconstrucción, poder desarmar lo que para nuestras sociedades es normal y lastima a otros seres humanos iguales a nosotros. Es un proceso por el que tenemos que pasar todos. Ariana se refiere a esto, y destaca una cuestión importante:

Fíjate que ese concepto de reivindicarse uno como negro es un proceso interno. No es algo que tu veas todo el tiempo en la calle diciendo "Soy negro orgulloso", es una cuestión personal, netamente personal y hay muchas personas que, aquí en Colombia que no lo han tomado así. Está bien, están mostrando de alguna forma el orgullo de pertenecer a una raza, pero se ha tornado como una especie de campaña agresiva ante cualquiera que no sea negro, un contexto anti-cualquiera que no sea negro. Y es un error, un error que bueno, no solo cometen los lideres afrodescendientes sino muchos otros líderes sociales de algunos temas.

Sobre este mismo punto, Jazmín profundiza:

Es como una lucha entre el ego y la colectividad. Se está viendo porque, por un lado, la sociedad está reaccionando por la justicia social,  por la liberación de las mentes, de los pueblos, de las estructuras que están cayendo y, por otro lado, las mismas estructuras de poder no quieren caerse. Creo que mi análisis sería más como que es un conflicto, como que están en peleas y creo que al final si no se resuelven sus propios egos, o se cuestionan deconstruir sus egos, realmente va a afectar mucho a la colectividad, puede afectar mucho a lo que se pueda hacer de manera social, los pueblos.
Nengumbi considera que la solución no debería consistir en sustituir un poder por otro, sino, en desplazar El Centro:

El filósofo keniano Ngũgĩ wa Thiong’o en su libro titulado: “Desplazar el centro: La lucha por las libertades culturales”, apunta a liberar las culturas del eurocentrismo, de los legados coloniales y del racismo. Según el autor, estas luchas tienen como objetivo principal la creación de un mundo nuevo que no esté bajo la dominación de los colonizadores, es decir, la creación de una sociedad que promueva la igualdad entre todos los habitantes de la sociedad humana. El mundo está en esta situación por la mala fe de la “supremacía racial” al considerar a los pueblos no europeos como no humanos, sub humanos para luego, esclavizarlos, dominarlos, y oprimirlos. Al desplazar a los y las racistas del centro del poder se va a terminar generando un cambio, pero un cambio en el sentido de restablecer el equilibrio, no reemplazar el racismo europeo por otro racismo. El racismo siempre está ahí, latente, pero con la resistencia y la resiliencia, los oprimidos terminarán generando los cambios que la sociedad humana necesita para restablecer la paz, la harmonía y la justicia.

El camino de la desconstrucción requiere escapar del individualismo y volver a vincularnos como comunidad de iguales, que todos seamos uno para poder reconocernos en nuestra propia identidad y ser realmente libres. Eso se logra desplazando “El Centro”. No deberíamos ser ni oprimidos ni opresores, tenemos que ser simplemente humanistas.

jueves, 19 de enero de 2017

Texto completo del comunicado de prensa preparado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia Sr. Mutuma Ruteere, 23 de mayo de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

23 de mayo de 2016

“Señoras y Señores:

En el día de la fecha concluye mi visita oficial a la Argentina que realicé entre los días 16 y 23 de mayo a invitación del Gobierno. En estos últimos diez días mantuve reuniones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Provincias de Buenos Aires, Salta y Formosa. Me reuní con funcionarios de Gobierno en los ámbitos federal y provincial, miembros de los poderes legislativo y judicial, así como con representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas y de migrantes, afroargentinos, así como con las víctimas de prácticas discriminatorias y otros grupos y actores relevantes. Además, se me concedió acceso a la cárcel de Ezeiza donde pude conversar con las autoridades penitenciarias y con detenidos.

Quisiera agradecer al Gobierno de la Nación Argentina por la invitación y cooperación, así como por su voluntad para preparar y concretar mi visita. Por otro lado, me gustaría transmitir todo mi agradecimiento a mis interlocutores por las conversaciones esclarecedoras que mantuvimos.

Viajé a la Argentina para observar en primera persona y obtener una mayor comprensión sobre la situación. Tuve la oportunidad de escuchar a todas las partes interesadas pertinentes en relación con el tema en cuestión para poder evaluar los avances realizados, identificar aquellos desafíos que aún quedan pendientes a fin de eliminar el racismo, la discriminación racial y la xenofobia; y realizar intercambios constructivos con el Gobierno sobre las maneras más eficaces de superar los obstáculos a fin de lograr una aplicación efectiva de las leyes, políticas y medidas ya existentes. Por último, el objetivo de mi visita es formular una serie de recomendaciones para ayudar al Gobierno a abordar en forma efectiva el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, a fin de alentar una sociedad inclusiva que, hoy más que nunca, resulta una pieza clave, en especial dentro del marco de la nueva agenda de desarrollo sostenible cuyo lema es “no dejar a nadie atrás”.
Quisiera subrayar que realicé mi visita sin preconceptos y con gran entusiasmo por escuchar los puntos de vista, las inquietudes y experiencias de todos los actores relevantes en las áreas que abarca mi mandato.

En el transcurso de mi visita a la Argentina, le he prestado especial atención a la situación de los pueblos originarios, los afrodescendientes, los migrantes de la región y de otras procedencias también, los descendientes de judíos, y otras comunidades como la LGBTI, y las mujeres migrantes cuya vulnerabilidad se ve incrementada por factores de interseccionalidad. Mi visita se efectuó en un momento en que la Argentina comienza un nuevo capítulo en su política, lo que también representa una oportunidad para redefinir prioridades en la programación hacia el futuro. Sin embargo, ello también significa que es necesario efectuar una evaluación clara y profunda de los logros en los últimos años y los retos aún pendientes, tanto a escala federal como provincial, con vistas a implementar el Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005, así como las recomendaciones efectuadas por el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluido el Comité de Evaluación para la Discriminación Racial-2010 (CERD por sus siglas en inglés), y el último Examen Periódico Universal-2012 (EPU), y aquellas recomendaciones realizadas por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, espero que mis observaciones preliminares logren ser un punto de partida para que el Gobierno pueda tomar de inmediato las medidas que tanto se necesitan.

Logros clave a nivel legislativo, institucional y político


Recibo con beneplácito el compromiso expresado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación para priorizar la inclusión y el pluriculturalismo en la agenda de los derechos humanos, extendiendo el enfoque de dichos derechos más allá de la memoria, la justicia y la verdad, hacia un enfoque más integral, lo que incluye el acceso igualitario a los derechos para todos, conforme lo garantizado por la Constitución Nacional.

La Argentina ha desarrollado un marco jurídico integral para la eliminación de la discriminación racial, lo que abarca las disposiciones de la Constitución para garantizar la equidad en el goce de los derechos para todos los habitantes, tanto argentinos como extranjeros. La Ley 23,592 establece desde 1988 la figura de la discriminación en general, y la de discriminación racial en particular, como delitos comunes, y además estipula un agravante en el caso de los delitos penales cometidos por persecución u odio racial. Identifica además como delitos penales la participación en una organización racista o la realización de propaganda de esta índole, así como la incitación a la persecución o al odio por cuestiones raciales (Ley 23.592, artículo 3).

Este marco podría fortalecerse aún más si se definiera la discriminación en general como delito penal. En este sentido, veo con beneplácito el debate legislativo actual sobre la posibilidad de ampliar la ley.

Quisiera también resaltar el marco ya existente para abordar cuestiones atinentes a grupos vulnerables específicos, tales como los pueblos originarios: la Ley 26.554 que prorrogó el plazo establecido en la Ley 21.160, que está a punto de vencer. Esta ley ordena que -en virtud de la situación de emergencia imperante- se realice un relevamiento en materia de posesión y titularidad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, a fin de evitar los desalojos forzados. Por otro lado, se encuentra la Ley 23.302 que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyo objetivo es asegurar que los pueblos originarios puedan ejercer una ciudadanía plena en cumplimiento de sus derechos constitucionales; y la Ley 26.206 que estableció la Educación Intercultural Bilingüe.

También veo con beneplácito los esfuerzos realizados para reconocer, a través de una serie de medidas simbólicas, la existencia de la población afroargentina. Además quisiera señalar que se ha extendido la protección jurídica a los refugiados y solicitantes de asilo como resultado directo de la implementación del
 Plan Nacional contra la Discriminación de 2005.

La ley progresista sobre migraciones con que cuenta la Argentina y que se destaca a escala internacional, reconoce la migración como derecho fundamental inalienable, y tiene por objetivo asegurar la aplicación de procedimientos y criterios no discriminatorios, de conformidad con los derechos y las garantías establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales; y además enfatiza que los inmigrantes deben gozar de los mismos derechos que los nacionales del país. Sin embargo, la ley no es lo suficientemente conocida por la población en general y los funcionarios públicos, lo que ha llevado a denegar a los inmigrantes los derechos básicos tales como el acceso a la vivienda y, en algunos casos, el acceso a la justicia o los servicios de salud. Por otro lado, no existe un plan formal para la integración de los inmigrantes y a menudo estas poblaciones deben depender de organizaciones de la sociedad civil y otras para su integración, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad.

La Argentina también ha establecido una serie de instituciones para promover los derechos humanos y luchar contra la discriminación como, por ejemplo, el INADI, que tiene la responsabilidad de implementar el plan nacional contra la discriminación, concientizar sobre el tema, y realizar investigaciones y relevamientos sobre el problema, así como recepcionar los reclamos individuales. Quisiera expresar mi agradecimiento por la reciente actuación inmediata del INADI, en coordinación con las dependencias de gobierno correspondientes, para abordar casos de violencia neonazi y expresiones antisemíticas. También veo con beneplácito los desarrollos recientes para combatir la discriminación y las expresiones de odio en los deportes.

Quisiera además reconocer el mandato de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- así como del Consejo Federal de Derechos Humanos, que reúnen a las secretarías y altas autoridades de derechos humanos de las 24 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Deseo reconocer la existencia de entes de monitoreo independientes como la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que son todas prácticas excelentes que deberían fortalecerse y apoyarse plenamente. En este sentido, aliento a una pronta designación de un nuevo Defensor del Pueblo.

Desafíos principales


De todos modos, y como sucede también en otras partes del mundo, he encontrado prácticas discriminatorias que a menudo afectan a los pobres y a los más vulnerables que pertenecen a grupos minoritarios, incluidos los pueblos originarios, los afroargentinos, y las comunidades de migrantes. En la Argentina, a veces se refieren al delito de “portación de rostro”.

A pesar del marco institucional y jurídico integral, falta aún una implementación efectiva y persisten todavía retos significativos. En particular, la situación de los pueblos originarios en ciertas áreas del país es terrible ya que viven en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos. En tanto una gran parte de las minorías sigue siendo invisible a todas las esferas de la sociedad, la situación de los pueblos originarios es especialmente crítica y requiere atención inmediata. Se les niega acceso a las necesidades básicas tales como el agua potable, una vivienda digna, una atención de la salud de calidad, oportunidades de empleo y una educación adecuada y de calidad. Se encuentran en general excluidos de la vida social y política. Existe una ausencia de representantes de los pueblos originarios en cargos clave para la toma de decisiones, aún en los entes específicamente dedicados a las cuestiones atinentes a dichos pueblos. Los métodos de consulta con esta población no resultan acordes con su cultura y enfoque de la vida. El acceso a la propiedad de las tierras sigue siendo un desafío y se deben adoptar rápidamente nuevas disposiciones para proteger a las comunidades del desalojo ante el vencimiento en 2017 del plazo establecido en la Ley 26.554. Es necesario simplificar el sistema de registro de las tierras comunitarias así como brindar asistencia adecuada en dicho proceso.

La medida tomada respecto de la educación bilingüe intercultural, aunque positiva en su esencia, ha experimentado limitaciones en su implementación que sus beneficiarios perciben como unidireccional. Se han planteado también inquietudes respecto de la falta de capacitación de profesores designados para interactuar con las comunidades originarias, lo que resulta en la estigmatización de los niños indígenas en las escuelas donde se observa una actitud sesgada. La poca cantidad de profesores de origen indígena continúa siendo una cuestión problemática. La falta de acceso a servicios y centros de salud, así como el número generalmente limitado de médicos capacitados que entiendan la cultura indígena, han contribuido a condiciones muy graves de salud materno infantil en las áreas rurales. En otros lugares, incluidos los centros urbanos, algunos proveedores de atención de la salud y de servicios no han extendido dichos servicios a ciertas áreas donde viven principalmente comunidades de migrantes. He escuchado decir que las ambulancias, los servicios postales y los proveedores de servicios privados se niegan a operar en determinadas comunidades debido a una segregación de facto de ciertos grupos de la población, lo que conduce a una mayor estigmatización. Dicha estigmatización se encuentra también reforzada por el retrato estereotipado de ciertos grupos y aún de ciertas nacionalidades por parte de los medios de comunicación.

Por ende, existe la necesidad de reforzar la presencia en los medios de los grupos minoritarios de un modo no estereotipado, para sostener y apoyar el mandato del Observatorio de Medios que ha desarrollado una buena práctica al entablar un diálogo constructivo con todas las partes interesadas.

Lo más alarmante es -según se me ha informado en diversas partes del país- la tendencia a reprimir la movilización de los grupos originarios en reclamo de sus derechos; y a tomar represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas, así como contra los integrantes de sus familias. Los defensores de los derechos de las minorías, incluidos los migrantes, también han sido objeto de estas represalias. Por lo tanto, realizo un llamamiento al Gobierno Nacional y a las autoridades provinciales para que se tomen medidas de inmediato a fin de ofrecer la protección necesaria y el debido proceso para aquellos defensores de los derechos civiles que, junto con sus familias, son objeto de acoso judicial y persecución por parte de las fuerzas de seguridad en el país; y para que se inicien investigaciones especiales y transparentes respecto de aquellas muertes sospechosas de los defensores de los derechos humanos de estas minorías.

Escuché reclamos de que la policía realiza discriminación por perfil y ejerce violencia contra los migrantes de países vecinos y de otras procedencias, que dichos actos no son sancionados, que rara vez se investigan, y que a veces se cierran las causas sin la realización de investigaciones exhaustivas o sin que las partes involucradas hayan prestado declaración. También me preocupa la violencia sistemática de parte de la policía contra los vendedores callejeros senegaleses.

El acceso a la justicia para los grupos vulnerables –desde las poblaciones originarias hasta los migrantes y afrodescendientes- sigue siendo un reto. Las dificultades en acceder a la justicia se vinculan con las barreras del idioma, los conocimientos limitados sobre las leyes, las dificultades en encontrar una orientación jurídica adecuada, en especial para los pueblos indígenas y, lo que resulta más alarmante en determinados momentos, la imposibilidad de presentar una demanda ante la secretaría de un juzgado.

Es también preocupante observar que la justicia no señala el vínculo entre la discriminación y la denegación de servicios básicos. La ausencia de grupos minoritarios en los niveles más elevados del Poder Judicial resulta un desafío significativo para los grupos objeto de discriminación racial, en particular los pueblos indígenas y los migrantes. También se me informó que en algunas zonas del país, los jueces pueden ser cómplices de las prácticas discriminatorias y las represiones contra los activistas de los grupos minoritarios. En este sentido, resulta urgente que el Gobierno realice el monitoreo de las causas presentadas por los grupos minoritarios respecto de su acceso a los derechos básicos, a fin de asegurar una debida evaluación de los elementos de discriminación. Además, insto a los tribunales superiores a prestar la mayor atención posible a aquellos aspectos relativos a la discriminación al revisar los casos planteados por individuos pertenecientes a grupos minoritarios, en especial los pueblos originarios, a quienes a menudo se les niega una respuesta de los tribunales en el ámbito provincial.

La educación es un medio fundamental para erradicar el prejuicio, la discriminación, la estigmatización y para fomentar un entendimiento mutuo así como la convivencia. Sin embargo, es de gran preocupación que no haya un programa de educación en derechos humanos integral para combatir el sesgo y promover el entendimiento mutuo. Más aún, todavía quedan por materializarse los pasos necesarios para reconocer en forma apropiada la contribución de los grupos marginados –incluidos los pueblos originarios- en los programas de estudio, lo que contribuye aún más a su invisibilidad y estigmatización. En este sentido, invito al Gobierno a lanzar oficialmente en todo el país el Decenio de los Pueblos Afrodescendientes, y a promover actividades específicas diseñadas con la comunidad, con el objetivo de que se reconozca y establezca como corresponde la contribución pasada y presente de los afroargentinos en el país.

El INADI participa en los esfuerzos de concientización para abordar la estigmatización y el estereotipado de los refugiados, migrantes y pueblos afrodescendientes. Esta tarea debe fortalecerse, en especial con relación a los pueblos originarios. También recibí con beneplácito la información respecto del aumento significativo en los últimos meses en la aceptación de reclamos individuales por parte del INADI y aliento a la institución a tener llegada a las áreas más remotas del país y prestar especial atención a los pueblos originarios, además de otros grupos vulnerables, lo que incluye a los afrodescendientes, migrantes y quienes son objeto de vulnerabilidades transversales tales como el grupo LGBTI y las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios.

Aunque el mandato del INAI se refiere a implementar la política de los pueblos indígenas y a promover la participación de las comunidades en el diseño y la implementación de las políticas de estado que los afectan, muchos de mis interlocutores han señalado que la institución no ha logrado satisfacer sus objetivos de promover el respeto por las formas tradicionales de organización en el proceso de toma de decisiones, fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales, y la creación de la base para un desarrollo integral y sostenido que sea compatible con la conservación del medio ambiente en los territorios que habitan los pueblos indígenas. Resulta especialmente inquietante la representación de los pueblos indígenas en los niveles en que se realiza la toma de decisiones dentro del INAI. Parece que también le faltara al INAI el financiamiento apropiado para realizar su misión y, además, se encuentra demasiado lejos de las comunidades a las que debe servir. Por ende, el mandato del INAI debería fortalecerse a fin de otorgarle facultades más sólidas en cuanto a la toma de decisiones, y a fin de expandir su alcance en las provincias. En general, existe en este plano la necesidad de cambiar la forma de inclusión de los pueblos indígenas desde una política enfocada a la asistencia social y el bienestar hacia una basada en los derechos y la justicia, a través de políticas de estado en todos los sectores. Resulta clave contar con una coordinación multisectorial de esta política desde los niveles más altos del gobierno para lograr una implementación exitosa a escala nacional y provincial.

El nivel de implementación del Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005 que también es una buena práctica, debería evaluarse en profundidad para definir objetivos nuevos con la participación activa de los grupos involucrados, quienes también deberían participar como corresponde en el proceso de monitoreo de los avances. En este sentido, sigue siendo problemática la falta de datos y estadísticas confiables, y es necesario que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos diseñe, en coordinación con todos los Ministerios e instituciones especializados, los protocolos para la recolección sistemática de datos confiables y desagregados respecto de una amplia variedad de indicadores. Los datos resultan fundamentales para medir los niveles de discriminación, identificar los vacíos existentes y diseñar políticas adecuadas, tal como se ha señalado en la agenda de desarrollo sostenible 2030.

Realizo también un llamamiento al gobierno argentino para que establezca medidas de acción positiva, a fin de asegurar una representación de los grupos minoritarios en cargos importantes de toma de decisiones y, en particular, en cargos que puedan influir sobre la educación, incluido el nivel universitario, y en cargos dentro de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Esto es de especial urgencia para los pueblos originarios, ya que las modalidades de participación actuales han fracasado en gran medida en lo que se refiere a darles la voz y visibilidad necesarias con vistas a remediar su larga historia de exclusión y marginación. La condición actual de los pueblos originarios no puede esperar y exige una atención inmediata de los niveles más elevados del gobierno.

Comentarios finales

Para concluir, quisiera agradecer el compromiso expresado por el nuevo gobierno para abordar el problema de la discriminación. La Argentina cuenta con muchas buenas prácticas que ya ejemplifican lo que es posible. Sin embargo, hay aún mucho por hacer para la materialización de los derechos de los grupos históricamente discriminados y marginados. También me preocupan ciertas decisiones recientes del poder ejecutivo en relación con la discontinuación de algunos de los programas existentes para promover los derechos de las minorías en determinados sectores. Al observar las dificultades que plantea la situación económica del país, es necesario enfatizar la importancia de mantener las medidas para proteger a los más vulnerables. Veo con beneplácito el nuevo plan nacional de derechos humanos y aliento al Gobierno de la Nación para que lo publique y promueva la difusión de su contenido entre los funcionarios correspondientes y la población en general. Finalmente, el esfuerzo del país para brindar capacitación en derechos humanos a los diversos sectores del Gobierno debería fortalecerse, en especial, entre los proveedores de servicios, las fuerzas de seguridad y los operadores del sistema judicial.

Prepararé un informe más abarcador y detallado con recomendaciones específicas y, a su vez, insto al gobierno a implementar en forma efectiva y plena las recomendaciones efectuadas por CERD, EPU, así como las del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que aún no se han cumplido.

Muchas gracias”.

Fuente:http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20005&LangID=S#sthash.zDSs1htO.dpuf

domingo, 15 de enero de 2017

Observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 23º de la Argentina

Del 22 al 23 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la evaluación de Argentina ante el Comité para la Eliminación contra todas las Formas de Discriminación Racial. La delegación de Argentina estaba compuesta por:

Jefe de delegación
Lic. Claudio AVRUJ, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
S.E. Sr. Marcelo CIMA, Embajador, Representante Permanente en Ginebra

Delegados
Dr. Leandro SZUCHET, Jefe de Gabinete, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación
Dr. Javier BUJAN, Interventor, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
Lic. Gabriela AMENTA, Director de Promoción y Desarrollo de Practicas contra la Discriminación, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
Sra. María Gabriela QUINTEROS, Ministro, Directora de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Sra. María Josefina NACIF CASADO, Funcionaria de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Sr. Julio César MERCADO, Ministro, Misión Permanente en Ginebra
Srta. Victoria GOBBI, Secretario de Embajada, Misión Permanente en Ginebra
Srta. María Eugenia VAZQUEZ POL, Asistente, Misión Permanente en Ginebra

En este contexto, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses; la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF); Fundación Comisión Católica de Migraciones y Turismo (FCCAM); Generación Evo; El Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI); el Programa Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús; la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina; OTRANS Argentina; Todo en Sepia Asociación de Mujeres Afrodescendientes en la Argentina hicieron una presentación que procuró poner a disposición del CERD, el informe alternativo elaborado por una amplia coalición de organizaciones, en el que se da cuenta de los avances, retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención, con especial enfoque en la situación de la población migrante en Argentina. Es importante, desde ya, aclarar que la información aquí incluida no agota la totalidad de las problemáticas vinculadas a la implementación del CERD en el país.

El informe incluyó preguntas y recomendaciones sugeridas respecto de cada una de las problemáticas tratadas, con la intención de que sean tenidas en cuenta por el Comité, tanto en oportunidad de la audiencia de evaluación prevista para el 91º período de sesiones como al momento de emitir sus Observaciones Finales sobre la Argentina.

Dicho informe fue tomado muy en serio por el CERD. Nos complace poner a disposición del público las observaciones del Comité en su integralidad.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 23º de la Argentina*
1. El Comité examinó los informes periódicos 21° a 23° de la Argentina, presentados en un único documento (CERD/C/ARG/21-23), en sus sesiones 2490ª y 2491ª (CERD/C/SR.2490 y SR.2491), celebradas los días 22 y 23 de noviembre de 2016. En sus sesiones 2506 y 2507ª, celebrada el 2 y 5 de diciembre de 2016, aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

A. Introducción
2. El Comité agradece la presentación de los informes periódicos 21° a 23° del Estado parte en un solo documento. Asimismo, el Comité manifiesta su satisfacción con el diálogo abierto y constructivo que mantuvo con la delegación de alto nivel del Estado parte y agradece la información adicional proporcionada después del diálogo.

B. Aspectos positivos
3. El Comité celebra la ratificación por el Estado parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 24 de octubre de 2011 y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, el 14 de abril de 2015.
4. El Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte durante el período examinado, en particular:
a) La creación de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, en 2011, por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
b) La creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en 2012, por medio de la Ley 26.522.
c) La adopción del Decreto Presidencial 1584/2010, promulgado el 2 de noviembre de 2010, por el cual el día 12 de octubre pasa de denominarse “Día de la Raza” a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
d) El establecimiento del día 8 de noviembre como “Día Nacional de las/los Afroargentinas/os y de la Cultura afro” por medio de la Ley N° 26.852, de 20 de mayo de 2013.
5. El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte mantenga una invitación abierta y permanente a los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el país.

C. Motivos de preocupación y recomendaciones

Discriminación estructural
6. El Comité continúa preocupado por la discriminación estructural de la cual continúan siendo víctimas los pueblos indígenas y los afrodescendientes, así como la invisibilidad a la que se enfrentan estos últimos respecto a sus derechos. La discriminación estructural limita el acceso de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes al cumplimiento de los estándares internacionales mínimos en el ámbito del desarrollo, incluidos los reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El Comité lamenta la falta de acceso a servicios básicos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes, particularmente aquellos en situación irregular. El Comité está especialmente preocupado por los casos de desnutrición de niños pertenecientes a comunidades indígenas. El Comité también lamenta las dificultades de acceso al agua de las comunidades indígenas, acceso que se ve además dificultado por la falta de titularización de sus tierras y las actividades de las empresas que explotan recursos naturales (arts. 1, 2 y 5).

7. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte una política integral de lucha contra el racismo y la discriminación racial que promueva la inclusión social y reduzca los altos niveles de pobreza que afectan a los miembros de pueblos indígenas y los afrodescendientes y migrantes, particularmente aquellos en situación irregular. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para hacer frente a la situación de malnutrición infantil que afecta particularmente a los pueblos indígenas;
b) Tomando en cuenta su recomendación general núm. 32 (2009), adopte medidas especiales o de acción afirmativa orientadas a eliminar la discriminación estructural contra los pueblos indígenas y los afrodescendientes. El Comité insta a desarrollar e implementar adecuadamente el Proyecto “Visibilización y Promoción de Derechos de la Comunidad Afrodescendiente” para reconocer a la población afrodescendiente; darle mayor visibilidad, tomando en cuenta su recomendación general núm. 34 (2011); y para el reconocimiento de sus derechos; y
c) Adopte las medidas necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
 

Políticas Públicas
8. El Comité toma nota del reconocimiento por el Estado parte del carácter pluriétnico y multicultural de su población. Sin embargo, el Comité nota con preocupación, que a pesar de la existencia de normas relativas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, falta un marco legislativo completo y mecanismos adecuados que pongan en práctica de manera plena y efectiva estos derechos de manera uniforme en todo el territorio del Estado parte (arts. 2 y 5).
9. El Comité sugiere al Estado parte reflejar en su legislación la visión que tiene sobre su carácter pluriétnico y multicultural. El Comité recomienda dar prioridad en la agenda legislativa a las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas afrodescendientes, en consulta con estos grupos, para así contar con un marco legal adecuado en todo el territorio.
 

Composición demográfica de la población y datos estadísticos
10. Si bien el Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en relación al Censo Nacional de Población y Viviendas de 2010, lamenta que la pregunta de auto-identificación para la población indígena y afrodescendiente no se incorporara al formulario general, lo cual no permitió obtener un conocimiento pleno de la realidad indígena y afrodescendiente. El Comité lamenta la falta de información sobre los gitanos. El Comité lamenta también la falta de datos desglosados fiables que le permitan evaluar los niveles de discriminación de los grupos minoritarios; así como la falta de indicadores de derechos humanos y socioeconómicos para evaluar las condiciones de vida, así como los progresos realizados para la igual realización de los derechos contenidos en la Convención (art. 2, párr. 1).
11. A la luz de su recomendación general núm. 4 (1973) , y sus directrices revisadas para la presentación de informes (CERD/C/2007/1, párrs. 10 y 12), el Comité insta al Estado parte a recopilar y proporcionar datos estadísticos fiables, actualizados y completos sobre la composición demográfica de la población, en particular sobre los pueblos indígenas, personas afro-descendientes, gitanos y migrantes; así como de indicadores de derechos civiles, políticos, económicos y sociales que reflejen el contenido de dichos derechos adecuadamente. Sírvanse incluir información sobre la evaluación de la implementación de las presentes observaciones finales, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (2017-2020) que se está diseñando en la actualidad, y los programas de lucha contra la discriminación racial existentes, incluyendo el 
 Mapa Nacional de la Discriminación del INADI (2013).

Tipificación de discriminación racial
12. El Comité continúa preocupado porque el Estado parte no ha tipificado aún el delito de discriminación racial de acuerdo a la Convención. (art. 4).
13. A la luz de las recomendaciones generales núm. 7 (1985), núm. 15 (1993), y la recomendación anterior (véase CERD/C/ARG/CO/19-20, párr. 15), el Comité insta al Estado parte a que tipifique como delitos los actos de discriminación racial y conductas descritas en el artículo 4 de la Convención, tomando en cuenta la recomendación general núm. 35 (2013).
 

Defensor del Pueblo y Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
14. El Comité lamenta que desde el año 2009 no se haya nombrado un Defensor del Pueblo. Asimismo el Comité lamenta que el cargo de Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual haya quedado vacante recientemente. (art. 2, párr. 1).
15. A la luz de su anterior recomendación (véase CERD/C/ARG/CO/19-20, párr. 16), el Comité urge al Estado parte a acelerar todas las medidas necesarias para proceder al nombramiento del Defensor del Pueblo mediante un proceso de selección y designación que sea transparente y participativo, en el que prevalezca el mérito, la capacidad y la integridad; así como al representante de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Fortalecimiento Institucional
16. El Comité lamenta la falta de una participación plena y sistemática de la comunidad indígena en organizaciones que tienen por objetivo su representación, tales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas (CCPPI). El Comité toma nota del incremento presupuestario del INAI, sin embargo lamenta: a) que la partida presupuestaria pueda ser insuficiente para el desarrollo efectivo de sus funciones; b) la falta de una adecuada presencia a nivel provincial del INAI; y c) la falta en la institución de personal perteneciente a los pueblos indígenas con capacidad en la temática. El Comité está también preocupado por la intervención administrativa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) desde el año 2011 y que podría limitar la independencia y capacidad de acción (art. 2).

17. El Comité insta al Estado parte a:

a) Tomar todas las medidas necesarias para asegurar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y migrantes en las instituciones que les representan o que trabajan en la lucha contra la discriminación racial; y
b) Seguir reforzando las instituciones de lucha contra la discriminación racial y de promoción de los derechos de los pueblos indígenas, asegurando su plena autonomía y dotándoles de los recursos humanos y presupuestarios necesarios; y considerar la creación de delegaciones de dichas instituciones en todas las provincias del país.

Consulta previa e informada

18. El Comité continúa preocupado por la falta de una normativa que regule los procedimientos de consulta con miras a la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; y de los mecanismos efectivos para llevar a cabo dichas consultas. El Comité lamenta el reducido número de consultas en el Estado parte; y que cuando éstos se producen es con un carácter discrecional y sin respetar los estándares internacionales (arts. 2 y 5).
19. Recordando su recomendación general núm. 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, el Comité insta al Estado parte a:
a) Adoptar una normativa y mecanismos apropiados en todo el territorio a fin de que, con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado, la consulta previa sea realizada de manera sistemática, de buena fe, con autoridades representativas y mediante procedimientos apropiados, proporcionando información suficiente y apropiada; y
b) Asegurar que tanto las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas, como todos los proyectos de infraestructuras y explotación de recursos naturales sean sometidos al proceso de consulta previa con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Derechos territoriales y restitución de tierras

20. El Comité observa con preocupación que a pesar del marco legal que reconoce el derecho de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, el Estado parte no garantiza todavía el pleno disfrute y ejercicio efectivo de este derecho. La ley 26.160 dispone el relevamiento o demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas con el objetivo de una regularización de las mismas, sin embargo: a) su ejecución ha sufrido complicaciones y demoras; b) solo se ha logrado concluir el proceso en 6 provincias, e incluso en los lugares donde el proceso ha concluido, los resultados del mismo no se han traducido necesariamente en un reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria. El Comité continúa preocupado por la situación de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (art. 5).
21. El Comité insta al Estado parte, en coordinación con las autoridades federales, provinciales y municipales, a garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos naturales, a través de entre otros:
a) La plena implementación de la Ley 26.160, y la pronta finalización del proceso de relevamiento de las tierras y territorios ancestrales; y
b) La adopción de medidas legislativas y administrativas, así como de mecanismos adecuados y eficaces, para facilitar la posesión y titulación de dichas tierras y territorios, y el acceso efectivo a los procedimientos judiciales en la materia.
22. Respecto a la Asociación de Comunidades Indígenas de Lhaka Honhat, el Comité insta al Estado parte a concluir la demarcación del territorio, entregar el titulo colectivo a favor de las comunidades y asistir a las familias criollas en su relocalización.
23. El Comité está particularmente preocupado por el alto número de desalojos de los pueblos indígenas que se llevan a cabo a pesar de la vigencia de la Ley 26.160, y particularmente por los incidentes con alto nivel de violencia contra comunidades indígenas, bien en procesos de desalojo o en protestas contra los mismos. El Comité está preocupado especialmente por la impunidad por el asesinato de Javier Chocobar hace 7 años, y por los violentos incidentes de los que han sido víctimas las Comunidades Potae Napocna Navogoh “La Primavera”, Nam Qom del Pueblo Qom y la Comunidad India Quilmes, entre muchos otros. El Comité lamenta también la falta de investigación y sanción de los actos violentos cometidos por las fuerzas de seguridad y terceros contra los defensores de los derechos y miembros de los pueblos indígenas; así como la falta de medidas para evitar estos hechos violentos (art. 5).

24. El Comité insta al Estado parte a:
a) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los pueblos indígenas frente a desalojos forzosos, garantizando el cumplimiento íntegro y efectivo de la Ley 26.160; y
b) Adoptar medidas para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas que sufren amenazas, persecuciones y otros actos violentos tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares; y prevenir, investigar y sancionar dichos actos.
Situación de defensores de derechos humanos

25. El Comité está preocupado por los actos de represalias, intimidación y amenazas en contra de defensores de derechos humanos y miembros de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes, así como de la criminalización de la que son víctimas por sus actividades de defensa de los derechos humanos. En este sentido, el Comité está preocupado por entre otros, la situación de Félix Díaz, líder de la Comunidad Potae Napocna Navogoh, “La Primavera”, y Milagro Sala, líder de la Organización Barrial Tupac Amaru. El Comité está particularmente preocupado por la muerte de Massar Ba, líder de la comunidad senegalesa, en marzo del 2016. El Comité lamenta la falta de avances en la investigación de su asesinato y que a su Asociación, la Asociación de Residentes Senegaleses no se le permitiera personarse como parte de la acción penal (art. 5).

26. El Comité insta al Estado parte a que:
a) Adopte todas las medidas necesarias para la protección de defensores de los derechos humanos, incluidos los líderes y miembros de las comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes, contra todo acto de intimidación y violencia, así como de cualquier acto arbitrario por parte de autoridades públicas o entes privados, como consecuencia del ejercicio de sus funciones;
b) Investigue todo acto de intimidación y violencia contra defensores de derechos humanos y sus comunidades, y castigue debidamente a los responsables. En este sentido, el Comité llama en particular la atención del Estado parte respecto a la muerte de Massar Ba; y
c) Garantice el acceso efectivo a la justicia, y el respeto a los derechos fundamentales y las garantías al debido proceso en los juicios que se siguen contra defensores de los derechos y miembros de las comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes, incluyendo los casos de Milagro Sala y Félix Díaz. En el caso de Milagro Sala, el Comité invita al Estado parte a implementar las medidas sugeridas por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas.

Acceso a la educación
27. El Comité lamenta la falta de datos estadísticos desglosados sobre el nivel de alfabetización y de acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria de los miembros de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. El Comité toma nota de los esfuerzos desarrollados para llevar a la práctica el derecho a la educación intercultural bilingüe pero lamenta la falta de avances, entre otras razones, por el reducido número de maestros de comunidades indígenas y las dificultades que éstos encuentran en el acceso a cursos de capacitación (art. 5).
28. El Comité recomienda al Estado parte que incremente sus esfuerzos para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la educación a todos los niveles para los niños indígenas, incluso en su lengua materna. Le recomienda, además, continuar sus esfuerzos para incrementar el número de maestros de comunidades indígenas, por entre otras medidas facilitando su acceso a cursos de capacitación.

Acceso a la justicia
29. El Comité lamenta la falta de información estadística desglosada sobre las denuncias por discriminación racial y las correspondientes actuaciones. Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos que el Estado parte está realizando para asegurar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, el Comité lamenta las dificultades que éstos encuentran para disfrutar de dicho derecho, entre otras razones por: a) un conocimiento insuficiente por parte de las autoridades judiciales, defensores públicos y abogados del derecho consuetudinario indígena; b) la falta de intérpretes y traductores de las lenguas de las comunidades indígenas; y c) la ausencia de asistencia jurídica y centros de justicia en los lugares más remotos y vulnerables del país. Preocupa también al Comité la falta de un trato equitativo en el acceso a la justicia cuando se trata de población afrodescendiente (art. 6).
30. El Comité, a la luz de su recomendación general núm. 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, insta al Estado parte a:
a) Incrementar sus esfuerzos para el reconocimiento y respeto de los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas de conformidad con la normativa internacional de derechos humanos;
b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas, asegurando el respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías al debido proceso, incluyendo entre otros: el aumento del número de intérpretes y especialistas en los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas; continuar con la expansión de la asistencia jurídica y centros de justica en los lugares más remotos y vulnerables del país e incrementar las oportunidades de asistencia jurídica gratuita; y
c) Promover la formación de agentes de policía, defensores públicos, abogados, jueces y profesionales del sistema judicial sobre el derecho consuetudinario indígena y los derechos de los afrodescendientes y migrantes, y la lucha contra la discriminación racial.

Derechos laborales
31. El Comité nota con preocupación las dificultades que encuentran los miembros de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes para acceder al sector formal del mercado de trabajo; y su concentración en trabajos sin acceso a derechos laborales fundamentales (art. 5)
32. El Comité recomienda al Estado parte que siga haciendo todo lo posible para generar un mayor acceso al sector formal de la economía y garantizar condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, conformes a estándares internacionales de derechos humanos y laborales; así que investigue la explotación y discriminación que se produce y presente al Comité información estadística sobre la misma en el próximo informe periódico.

Migrantes
33. El Comité toma nota de la avanzada legislación argentina en materia de migración y da la bienvenida a los programas de regularización realizados. Sin embargo, el Comité está preocupado por: a) la discriminación de los migrantes, en particular de las comunidades senegalesas y dominicanas, en particular las mujeres y las personas en situación irregular; b) el aumento de las órdenes de expulsión; c) el recorte de las políticas de regularización y los requisitos adicionales para la regularización de los migrantes provenientes de países de fuera del Mercosur; y d) por la vigencia de normas de distinción en el acceso a derechos básicos. El Comité también está preocupado por los planes de crear un centro de detención para migrantes a la espera de ser deportados, porque podría dar lugar a que la detención no sea usada como última opción. Finalmente el Comité lamenta la falta de datos estadísticos sobre la retención de personas extranjeras y la falta de un dialogo fluido y regular con las asociaciones de migrantes (arts. 1, 2 y 5).
34. Teniendo en cuenta la recomendación general núm. 30 (2004), el Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para la protección de los migrantes, incluyendo:
a) Implementar medidas que promuevan la plena participación e integración de los migrantes en el Estado parte y el respeto de sus derechos; así como velar por la no introducción de prácticas y normas que representen un retroceso frente al marco normativo vigente; y
b) Considerar medidas alternativas a la privación de libertad de migrantes en situación irregular, y recurrir a la detención solo como última opción, y garantizar que ésta sea razonable, necesaria, proporcionada y por el mínimo período de tiempo.


Múltiples formas de discriminación
35. Al Comité le preocupa que las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes, incluidas las mujeres pertenecientes a la República Dominicana y LGBTI, y otras minorías continúan enfrentándose a múltiples formas de discriminación en todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural (art. 2, párr. 2).
36. El Comité recomienda que el Estado parte tome en cuenta su recomendación general núm.
25 (2000) relativa a las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género, e incluya una perspectiva de género en todas sus políticas y estrategias para hacer frente a las múltiples formas de discriminación que afectan, en especial, a las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes, y migrantes, incluidos LGBTI y otras minorías. Se recomienda también contar con estadísticas desglosadas al respecto.


D. Otras recomendaciones
Ratificación de otros tratados
37. Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, el Comité alienta al Estado parte a ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, de 2013, y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, de 2013.
Enmienda al artículo 8 de la Convención
38. El Comité recomienda que el Estado parte ratifique la enmienda al párrafo 6 del artículo 8 de la Convención, aprobada el 15 de enero de 1992 en la 14ª reunión de los Estados partes en la Convención y que hizo suya la Asamblea General en su resolución 47/111.
Declaración y Programa de Acción de Durban
39. A la luz de su recomendación general núm. 33 (2009) sobre el seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban, el Comité recomienda al Estado parte que, al incorporar la Convención en su legislación nacional, tenga en cuenta la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, así como el documento final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en abril de 2009. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información concreta sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción en el ámbito nacional.

Decenio Internacional de los Afrodescendientes
40. A la luz de las resoluciones 68/237 de la Asamblea General sobre la proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), y 69/16, sobre el programa de actividades del Decenio, el Comité recomienda que el Estado parte prepare e implemente un programa adecuado de medidas y políticas. El Comité también solicita que en su próximo informe periódico incluya información precisa sobre las medidas concretas adoptadas en este marco, a la luz de su recomendación general núm. 34.

Difusión de los informes y de las observaciones finales
41. El Comité recomienda que el Estado parte ponga sus informes a disposición del público desde el momento mismo de su presentación y que difunda las presentes observaciones finales, incluyendo en las lenguas de las comunidades indígenas.
Consultas con organizaciones de la sociedad civil
42. El Comité recomienda al Estado parte que celebre consultas y extienda su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos humanos, en particular a la lucha contra la discriminación racial, en relación con la preparación del próximo informe periódico y el seguimiento de las presentes observaciones finales.
Seguimiento de las observaciones finales
43. De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención y del artículo 65 de su reglamento enmendado, el Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, le presente información sobre el curso dado a las recomendaciones que figuran en los párrafos 15, 24 y 26b) and c).
Párrafos de particular importancia
44. El Comité desea asimismo señalar al Estado parte la particular importancia de las recomendaciones que figuran en los párrafos 7, 19, 21, 30 y 34, pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre las medidas concretas que adopte para aplicarlas.

Preparación del próximo informe periódico
45. El Comité recomienda al Estado parte que presente sus informes periódicos 24-26 en un solo documento combinado a más tardar el 4 de enero de 2020, teniendo en cuenta las directrices relativas al documento específicamente destinado al Comité, aprobadas por este en su 71º período de sesiones (CERD/C/2007/1), y que en dicho documento se aborden todas las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales. A la luz de la resolución 68/268 de la Asamblea General, el Comité insta al Estado parte a respetar el límite de 21.200 palabras para los informes periódicos.

jueves, 7 de agosto de 2014

FUERTE Y BRUTAL ATAUQE RACISTA A UNA JOVEN SENEGALESA EN BUENOS AIRES



A pocos días del "Día de la Mujer Afrodescendiente", las mujeres negras  siguen poniéndole el cuerpo al racismo, la xenofobia y la violencia.  

Ataque a una joven senegalesa.


Muy lejos de lo que la ciudadanía podría suponer, en Argentina el racismo y la violencia de género están a la orden del día. Ni una convención internacional que sanciona el racismo, ni una  ley  de  avanzada  contra  la  violencia  de  género,  ni  una  insuficiente  ley antidiscriminatoria,  ni  todas  las  celebraciones  por  el  día  de  la  mujer  afrodescendiente, logran detener la violencia y el racismo que día a día sufren las mujeres negras.  

El  jueves 31 de  julio  de 2014 a  las 14.30 hs.,  en pleno barrio porteño de Once, una  joven ciudadana senegalesa, de apenas 21 años de edad, - y cuya identidad vamos a preservar por su seguridad-  fue víctima de la violencia, el abuso de poder y de un racismo tan  frecuente que aterra.  

El  portero  de  un  edificio  ubicado  en  la  calle Rivadavia  al  2600  atacó  a  la  joven  que  se encontraba  vendiendo  juguetes  en  la  vía  pública,  ganándose  la  vida  como  todos  los  días desde que llegó a la Argentina hace un mes y medio. 

El ataque comenzó con  insultos racistas como "no quiero ver una negra cuando salgo a  la puerta  del  edificio".  No  conforme  con  ello,  comenzó  a  romper  los  juguetes  que  son  su fuente de  subsistencia. Sin  embargo, dejarla  sin  su mercadería  tampoco  fue  suficiente. El hombre  decidió  patearla  en  el  estómago.  Ante  los  gritos  de  las  personas  que  estaban presentes, el portero se metió dentro del edificio.  

Un policía que  se  encontraba cercano al hecho y que  suele  estar  en  esa  zona,  conociendo que  la  víctima  es hermana de otra mujer  que  tiene un  local  en una galería  cercana,  fue  a buscarla.  Cuando  la  hermana  de  la  joven  atacada  llegó  al  lugar,  la  encontró  totalmente conmocionada por  la golpiza. Indignada,  le preguntó al policía por qué no hizo algo para detener  el  brutal  ataque.  Increíblemente,  el  policía  contestó  que  “en  este  país  es  común pegarle a las mujeres”. Si, leyó bien.  

Para afirmar lo que el policía estaba diciendo, el portero salió nuevamente del edificio y le propinó dos piñas en el cuello a la joven. Cuando intervino su hermana mayor, también fue golpeada. La autoridad policial, nuevamente no hizo nada. Sólo se limitó a decir que haga la denuncia, si quería. Pero que él no iba a hacer nada.  

Al  grito  de  "Váyanse  a  su  país  NEGRAS  DE  MIERDA",  el  racista  y  violento  portero volvió a esconderse en su edificio. Y nadie hizo nada.  

Las  hermanas  radicaron  la  denuncia  en  la  comisaría  8°,  de  la  calle  Urquiza  540,  desde donde fueron derivadas al médico legal para constatar las lesiones. Luego terminaron en el Hospital Argerich, donde  se  le  colocó un  cuello ortopédico, ya que  la  joven  salvajemente atacada no podía caminar por los dolores.  

¿Hasta cuándo las mujeres negras tendrán que soportar el machismo de esta sociedad? ¿Hasta cuándo las mujeres negras  tendrán que sufrir el racismo? Hasta cuándo las mujeres negras deberán tolerar la indiferencia de la opinión pública?  

La mujer negra durante cinco siglos ha sido triplemente discriminada, por negra, por mujer y por pobre. Hoy, en pleno siglo XXI, podemos decir que nada ha cambiado. O si: lo que ha cambiado  son  las  formas  en  que  se manifiestan  hoy  ese  racismo  y  ese machismo mortal, porque mata y degrada poco a poco a quien lo/a padece.  

Afortunadamente, estas dos mujeres africanas, que buscaron en  la Argentina la posibilidad de  una  vida  mejor,  no  están  solas.  Hay  organizaciones  africanas  y  afrodescendientes, organizaciones  de  derechos  humanos,  organismos  del  Estado,  compatriotas,  y  muchas personas  que  nos  solidarizamos  con  estas mujeres,  repudiamos  estos  hechos  y  luchamos junto a  ellas para que  se haga  justicia, para que nunca más ninguna mujer sea víctima de violencia.  

Al  respecto,  la Profesora Miriam V. Gomes, presidenta  de  la Sociedad Caboverdeana  de Dock Sud,  declaró:  "La  semana pasada,  supimos  la  lamentable noticia de que una  joven ciudadana senegalesa había sido agredida en la vía pública por un individuo que no sólo la insultó con epítetos racistas, sino que también la golpeó salvajemente en el estómago y el cuello. Cuando creíamos que hechos como éste irían quedando atrás, como partes de un pasado  intolerante y violento, nuevamente  la realidad nos despierta y nos pone en alerta para redoblar nuestros esfuerzos: esfuerzos para luchar contra el racismo, la xenofobia y la  violencia  de  género.  Porque  de  eso  se  trata  este  hecho:  una  situación  en  que  un individuo  abusa  de  su  'autoridad'  como  'macho'  dominante  y  más  fuerte,  ante  el silencio/complicidad  general  y,  lo  que  es  más  grave,  de  un  agente  policial.  Estamos acompañando a la joven en esta situación y lucharemos para que no se repita." 

La  Asociación  de  Residentes  Senegaleses  en  la  Argentina,  la Organización  "Todos  con Mandela",  la  Sociedad  Caboverdeana  de  Dock  Sud  y  la  Organización  IARPIDI, manifestamos  nuestro  repudio  a  los  hechos  relatados,  y  damos  todo  nuestro  apoyo  y solidaridad  a  las  hermanas  senegalesas  víctimas  del  racismo  y  la  violencia.  Seguiremos luchando para que esto acabe un día.  

Por: Miriam Gomes & Patricia Gomes
                Todos Con Mandela