23 de mayo de 2016
“Señoras y Señores:
En el día de la fecha concluye mi visita oficial a la Argentina que
realicé entre los días 16 y 23 de mayo a invitación del Gobierno. En
estos últimos diez días mantuve reuniones en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y las Provincias de Buenos Aires, Salta y Formosa. Me
reuní con funcionarios de Gobierno en los ámbitos federal y provincial,
miembros de los poderes legislativo y judicial, así como con
representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales,
comunidades indígenas y de migrantes, afroargentinos, así como con las
víctimas de prácticas discriminatorias y otros grupos y actores
relevantes. Además, se me concedió acceso a la cárcel de Ezeiza donde
pude conversar con las autoridades penitenciarias y con detenidos.
Quisiera agradecer al Gobierno de la Nación Argentina por la invitación y
cooperación, así como por su voluntad para preparar y concretar mi
visita. Por otro lado, me gustaría transmitir todo mi agradecimiento a
mis interlocutores por las conversaciones esclarecedoras que mantuvimos.
Viajé a la Argentina para observar en primera persona y obtener una
mayor comprensión sobre la situación. Tuve la oportunidad de escuchar a
todas las partes interesadas pertinentes en relación con el tema en
cuestión para poder evaluar los avances realizados, identificar aquellos
desafíos que aún quedan pendientes a fin de eliminar el racismo, la
discriminación racial y la xenofobia; y realizar intercambios
constructivos con el Gobierno sobre las maneras más eficaces de superar
los obstáculos a fin de lograr una aplicación efectiva de las leyes,
políticas y medidas ya existentes. Por último, el objetivo de mi visita
es formular una serie de recomendaciones para ayudar al Gobierno a
abordar en forma efectiva el racismo, la discriminación racial y la
xenofobia, a fin de alentar una sociedad inclusiva que, hoy más que
nunca, resulta una pieza clave, en especial dentro del marco de la nueva
agenda de desarrollo sostenible cuyo lema es “no dejar a nadie atrás”.
Quisiera subrayar que realicé mi visita sin preconceptos y con gran
entusiasmo por escuchar los puntos de vista, las inquietudes y
experiencias de todos los actores relevantes en las áreas que abarca mi
mandato.
En el transcurso de mi visita a la Argentina, le he prestado especial
atención a la situación de los pueblos originarios, los
afrodescendientes, los migrantes de la región y de otras procedencias
también, los descendientes de judíos, y otras comunidades como la LGBTI,
y las mujeres migrantes cuya vulnerabilidad se ve incrementada por
factores de interseccionalidad. Mi visita se efectuó en un momento en
que la Argentina comienza un nuevo capítulo en su política, lo que
también representa una oportunidad para redefinir prioridades en la
programación hacia el futuro. Sin embargo, ello también significa que es
necesario efectuar una evaluación clara y profunda de los logros en los
últimos años y los retos aún pendientes, tanto a escala federal como
provincial, con vistas a implementar el Plan Nacional contra la
Discriminación del año 2005, así como las recomendaciones efectuadas por
el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluido el
Comité de Evaluación para la Discriminación Racial-2010 (CERD por sus
siglas en inglés), y el último Examen Periódico Universal-2012 (EPU), y
aquellas recomendaciones realizadas por el Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, espero que mis
observaciones preliminares logren ser un punto de partida para que el
Gobierno pueda tomar de inmediato las medidas que tanto se necesitan.
Logros clave a nivel legislativo, institucional y político
Recibo con beneplácito el compromiso expresado por la Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación para priorizar la
inclusión y el pluriculturalismo en la agenda de los derechos humanos,
extendiendo el enfoque de dichos derechos más allá de la memoria, la
justicia y la verdad, hacia un enfoque más integral, lo que incluye el
acceso igualitario a los derechos para todos, conforme lo garantizado
por la Constitución Nacional.
La Argentina ha desarrollado un marco jurídico integral para la
eliminación de la discriminación racial, lo que abarca las disposiciones
de la Constitución para garantizar la equidad en el goce de los
derechos para todos los habitantes, tanto argentinos como extranjeros.
La Ley 23,592 establece desde 1988 la figura de la discriminación en
general, y la de discriminación racial en particular, como delitos
comunes, y además estipula un agravante en el caso de los delitos
penales cometidos por persecución u odio racial. Identifica además como
delitos penales la participación en una organización racista o la
realización de propaganda de esta índole, así como la incitación a la
persecución o al odio por cuestiones raciales (Ley 23.592, artículo 3).
Este marco podría fortalecerse aún más si se definiera la
discriminación en general como delito penal. En este sentido, veo con
beneplácito el debate legislativo actual sobre la posibilidad de ampliar
la ley.
Quisiera también resaltar el marco ya existente para abordar
cuestiones atinentes a grupos vulnerables específicos, tales como los
pueblos originarios: la Ley 26.554 que prorrogó el plazo establecido en
la Ley 21.160, que está a punto de vencer. Esta ley ordena que -en
virtud de la situación de emergencia imperante- se realice un
relevamiento en materia de posesión y titularidad de las tierras
tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, a fin de evitar los
desalojos forzados. Por otro lado, se encuentra la Ley 23.302 que creó
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyo objetivo es
asegurar que los pueblos originarios puedan ejercer una ciudadanía plena
en cumplimiento de sus derechos constitucionales; y la Ley 26.206 que
estableció la Educación Intercultural Bilingüe.
También veo con beneplácito los esfuerzos realizados para reconocer, a
través de una serie de medidas simbólicas, la existencia de la
población afroargentina. Además quisiera señalar que se ha extendido la
protección jurídica a los refugiados y solicitantes de asilo como
resultado directo de la implementación del
Plan Nacional contra la
Discriminación de 2005.
La ley progresista sobre migraciones con que cuenta la Argentina y
que se destaca a escala internacional, reconoce la migración como
derecho fundamental inalienable, y tiene por objetivo asegurar la
aplicación de procedimientos y criterios no discriminatorios, de
conformidad con los derechos y las garantías establecidos en la
Constitución Nacional y los tratados internacionales; y además enfatiza
que los inmigrantes deben gozar de los mismos derechos que los
nacionales del país. Sin embargo, la ley no es lo suficientemente
conocida por la población en general y los funcionarios públicos, lo que
ha llevado a denegar a los inmigrantes los derechos básicos tales como
el acceso a la vivienda y, en algunos casos, el acceso a la justicia o
los servicios de salud. Por otro lado, no existe un plan formal para la
integración de los inmigrantes y a menudo estas poblaciones deben
depender de organizaciones de la sociedad civil y otras para su
integración, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad.
La Argentina también ha establecido una serie de instituciones para
promover los derechos humanos y luchar contra la discriminación como,
por ejemplo, el INADI, que tiene la responsabilidad de implementar el
plan nacional contra la discriminación, concientizar sobre el tema, y
realizar investigaciones y relevamientos sobre el problema, así como
recepcionar los reclamos individuales. Quisiera expresar mi
agradecimiento por la reciente actuación inmediata del INADI, en
coordinación con las dependencias de gobierno correspondientes, para
abordar casos de violencia neonazi y expresiones antisemíticas. También
veo con beneplácito los desarrollos recientes para combatir la
discriminación y las expresiones de odio en los deportes.
Quisiera además reconocer el mandato de la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural -dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación- así como del Consejo Federal de Derechos
Humanos, que reúnen a las secretarías y altas autoridades de derechos
humanos de las 24 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Deseo reconocer la existencia de entes de monitoreo independientes
como la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria
de la Nación, así como el Observatorio de la Discriminación en Radio y
Televisión, que son todas prácticas excelentes que deberían fortalecerse
y apoyarse plenamente. En este sentido, aliento a una pronta
designación de un nuevo Defensor del Pueblo.
Desafíos principales
De todos modos, y como sucede también en otras partes del mundo, he
encontrado prácticas discriminatorias que a menudo afectan a los pobres y
a los más vulnerables que pertenecen a grupos minoritarios, incluidos
los pueblos originarios, los afroargentinos, y las comunidades de
migrantes. En la Argentina, a veces se refieren al delito de “portación
de rostro”.
A pesar del marco institucional y jurídico integral, falta aún una
implementación efectiva y persisten todavía retos significativos. En
particular, la situación de los pueblos originarios en ciertas áreas del
país es terrible ya que viven en condiciones de pobreza extrema,
aislados y sin acceso a los servicios básicos. En tanto una gran parte
de las minorías sigue siendo invisible a todas las esferas de la
sociedad, la situación de los pueblos originarios es especialmente
crítica y requiere atención inmediata. Se les niega acceso a las
necesidades básicas tales como el agua potable, una vivienda digna, una
atención de la salud de calidad, oportunidades de empleo y una educación
adecuada y de calidad. Se encuentran en general excluidos de la vida
social y política. Existe una ausencia de representantes de los pueblos
originarios en cargos clave para la toma de decisiones, aún en los
entes específicamente dedicados a las cuestiones atinentes a dichos
pueblos. Los métodos de consulta con esta población no resultan acordes
con su cultura y enfoque de la vida. El acceso a la propiedad de las
tierras sigue siendo un desafío y se deben adoptar rápidamente nuevas
disposiciones para proteger a las comunidades del desalojo ante el
vencimiento en 2017 del plazo establecido en la Ley 26.554. Es
necesario simplificar el sistema de registro de las tierras comunitarias
así como brindar asistencia adecuada en dicho proceso.
La medida tomada respecto de la educación bilingüe intercultural,
aunque positiva en su esencia, ha experimentado limitaciones en su
implementación que sus beneficiarios perciben como unidireccional. Se
han planteado también inquietudes respecto de la falta de capacitación
de profesores designados para interactuar con las comunidades
originarias, lo que resulta en la estigmatización de los niños indígenas
en las escuelas donde se observa una actitud sesgada. La poca cantidad
de profesores de origen indígena continúa siendo una cuestión
problemática. La falta de acceso a servicios y centros de salud, así
como el número generalmente limitado de médicos capacitados que
entiendan la cultura indígena, han contribuido a condiciones muy graves
de salud materno infantil en las áreas rurales. En otros lugares,
incluidos los centros urbanos, algunos proveedores de atención de la
salud y de servicios no han extendido dichos servicios a ciertas áreas
donde viven principalmente comunidades de migrantes. He escuchado decir
que las ambulancias, los servicios postales y los proveedores de
servicios privados se niegan a operar en determinadas comunidades debido
a una segregación de facto de ciertos grupos de la población, lo que
conduce a una mayor estigmatización. Dicha estigmatización se encuentra
también reforzada por el retrato estereotipado de ciertos grupos y aún
de ciertas nacionalidades por parte de los medios de comunicación.
Por
ende, existe la necesidad de reforzar la presencia en los medios de los
grupos minoritarios de un modo no estereotipado, para sostener y apoyar
el mandato del Observatorio de Medios que ha desarrollado una buena
práctica al entablar un diálogo constructivo con todas las partes
interesadas.
Lo más alarmante es -según se me ha informado en diversas partes del
país- la tendencia a reprimir la movilización de los grupos originarios
en reclamo de sus derechos; y a tomar represalias contra quienes
defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas,
así como contra los integrantes de sus familias. Los defensores de los
derechos de las minorías, incluidos los migrantes, también han sido
objeto de estas represalias. Por lo tanto, realizo un llamamiento al
Gobierno Nacional y a las autoridades provinciales para que se tomen
medidas de inmediato a fin de ofrecer la protección necesaria y el
debido proceso para aquellos defensores de los derechos civiles que,
junto con sus familias, son objeto de acoso judicial y persecución por
parte de las fuerzas de seguridad en el país; y para que se inicien
investigaciones especiales y transparentes respecto de aquellas muertes
sospechosas de los defensores de los derechos humanos de estas minorías.
Escuché reclamos de que la policía realiza discriminación por perfil y
ejerce violencia contra los migrantes de países vecinos y de otras
procedencias, que dichos actos no son sancionados, que rara vez se
investigan, y que a veces se cierran las causas sin la realización de
investigaciones exhaustivas o sin que las partes involucradas hayan
prestado declaración. También me preocupa la violencia sistemática de
parte de la policía contra los vendedores callejeros senegaleses.
El acceso a la justicia para los grupos vulnerables –desde las
poblaciones originarias hasta los migrantes y afrodescendientes- sigue
siendo un reto. Las dificultades en acceder a la justicia se vinculan
con las barreras del idioma, los conocimientos limitados sobre las
leyes, las dificultades en encontrar una orientación jurídica adecuada,
en especial para los pueblos indígenas y, lo que resulta más alarmante
en determinados momentos, la imposibilidad de presentar una demanda ante
la secretaría de un juzgado.
Es también preocupante observar que la justicia no señala el vínculo
entre la discriminación y la denegación de servicios básicos. La
ausencia de grupos minoritarios en los niveles más elevados del Poder
Judicial resulta un desafío significativo para los grupos objeto de
discriminación racial, en particular los pueblos indígenas y los
migrantes. También se me informó que en algunas zonas del país, los
jueces pueden ser cómplices de las prácticas discriminatorias y las
represiones contra los activistas de los grupos minoritarios. En este
sentido, resulta urgente que el Gobierno realice el monitoreo de las
causas presentadas por los grupos minoritarios respecto de su acceso a
los derechos básicos, a fin de asegurar una debida evaluación de los
elementos de discriminación. Además, insto a los tribunales superiores a
prestar la mayor atención posible a aquellos aspectos relativos a la
discriminación al revisar los casos planteados por individuos
pertenecientes a grupos minoritarios, en especial los pueblos
originarios, a quienes a menudo se les niega una respuesta de los
tribunales en el ámbito provincial.
La educación es un medio fundamental para erradicar el prejuicio, la
discriminación, la estigmatización y para fomentar un entendimiento
mutuo así como la convivencia. Sin embargo, es de gran preocupación que
no haya un programa de educación en derechos humanos integral para
combatir el sesgo y promover el entendimiento mutuo. Más aún, todavía
quedan por materializarse los pasos necesarios para reconocer en forma
apropiada la contribución de los grupos marginados –incluidos los
pueblos originarios- en los programas de estudio, lo que contribuye aún
más a su invisibilidad y estigmatización. En este sentido, invito al
Gobierno a lanzar oficialmente en todo el país el Decenio de los Pueblos
Afrodescendientes, y a promover actividades específicas diseñadas con
la comunidad, con el objetivo de que se reconozca y establezca como
corresponde la contribución pasada y presente de los afroargentinos en
el país.
El INADI participa en los esfuerzos de concientización para abordar
la estigmatización y el estereotipado de los refugiados, migrantes y
pueblos afrodescendientes. Esta tarea debe fortalecerse, en especial con
relación a los pueblos originarios. También recibí con beneplácito la
información respecto del aumento significativo en los últimos meses en
la aceptación de reclamos individuales por parte del INADI y aliento a
la institución a tener llegada a las áreas más remotas del país y
prestar especial atención a los pueblos originarios, además de otros
grupos vulnerables, lo que incluye a los afrodescendientes, migrantes y
quienes son objeto de vulnerabilidades transversales tales como el grupo
LGBTI y las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios.
Aunque el mandato del INAI se refiere a implementar la política de
los pueblos indígenas y a promover la participación de las comunidades
en el diseño y la implementación de las políticas de estado que los
afectan, muchos de mis interlocutores han señalado que la institución no
ha logrado satisfacer sus objetivos de promover el respeto por las
formas tradicionales de organización en el proceso de toma de
decisiones, fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales, y
la creación de la base para un desarrollo integral y sostenido que sea
compatible con la conservación del medio ambiente en los territorios que
habitan los pueblos indígenas. Resulta especialmente inquietante la
representación de los pueblos indígenas en los niveles en que se realiza
la toma de decisiones dentro del INAI. Parece que también le faltara
al INAI el financiamiento apropiado para realizar su misión y, además,
se encuentra demasiado lejos de las comunidades a las que debe servir.
Por ende, el mandato del INAI debería fortalecerse a fin de otorgarle
facultades más sólidas en cuanto a la toma de decisiones, y a fin de
expandir su alcance en las provincias. En general, existe en este plano
la necesidad de cambiar la forma de inclusión de los pueblos indígenas
desde una política enfocada a la asistencia social y el bienestar hacia
una basada en los derechos y la justicia, a través de políticas de
estado en todos los sectores. Resulta clave contar con una coordinación
multisectorial de esta política desde los niveles más altos del
gobierno para lograr una implementación exitosa a escala nacional y
provincial.
El nivel de implementación del Plan Nacional contra la Discriminación
del año 2005 que también es una buena práctica, debería evaluarse en
profundidad para definir objetivos nuevos con la participación activa de
los grupos involucrados, quienes también deberían participar como
corresponde en el proceso de monitoreo de los avances. En este sentido,
sigue siendo problemática la falta de datos y estadísticas confiables, y
es necesario que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos diseñe,
en coordinación con todos los Ministerios e instituciones
especializados, los protocolos para la recolección sistemática de datos
confiables y desagregados respecto de una amplia variedad de
indicadores. Los datos resultan fundamentales para medir los niveles de
discriminación, identificar los vacíos existentes y diseñar políticas
adecuadas, tal como se ha señalado en la agenda de desarrollo sostenible
2030.
Realizo también un llamamiento al gobierno argentino para que
establezca medidas de acción positiva, a fin de asegurar una
representación de los grupos minoritarios en cargos importantes de toma
de decisiones y, en particular, en cargos que puedan influir sobre la
educación, incluido el nivel universitario, y en cargos dentro de los
poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Esto es de especial urgencia
para los pueblos originarios, ya que las modalidades de participación
actuales han fracasado en gran medida en lo que se refiere a darles la
voz y visibilidad necesarias con vistas a remediar su larga historia de
exclusión y marginación. La condición actual de los pueblos originarios
no puede esperar y exige una atención inmediata de los niveles más
elevados del gobierno.
Comentarios finales
Para concluir, quisiera agradecer el compromiso expresado por el
nuevo gobierno para abordar el problema de la discriminación. La
Argentina cuenta con muchas buenas prácticas que ya ejemplifican lo que
es posible. Sin embargo, hay aún mucho por hacer para la
materialización de los derechos de los grupos históricamente
discriminados y marginados. También me preocupan ciertas decisiones
recientes del poder ejecutivo en relación con la discontinuación de
algunos de los programas existentes para promover los derechos de las
minorías en determinados sectores. Al observar las dificultades que
plantea la situación económica del país, es necesario enfatizar la
importancia de mantener las medidas para proteger a los más vulnerables.
Veo con beneplácito el nuevo plan nacional de derechos humanos y
aliento al Gobierno de la Nación para que lo publique y promueva la
difusión de su contenido entre los funcionarios correspondientes y la
población en general. Finalmente, el esfuerzo del país para brindar
capacitación en derechos humanos a los diversos sectores del Gobierno
debería fortalecerse, en especial, entre los proveedores de servicios,
las fuerzas de seguridad y los operadores del sistema judicial.
Prepararé un informe más abarcador y detallado con recomendaciones
específicas y, a su vez, insto al gobierno a implementar en forma
efectiva y plena las recomendaciones efectuadas por CERD, EPU, así como
las del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas que aún no se han cumplido.
Muchas gracias”.
Fuente:http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20005&LangID=S#sthash.zDSs1htO.dpuf
Hace 15 años