Los Afro argentinos y la Justicia Social

La presencia afro en la identidad nacional argentina siempre ha sido objeto de un debate permanente a nivel nacional como internacional, necesitando de este modo que serias investigaciones ocurrieran para subsanar las informaciones contradictorias al respecto para poder llegar a la verdadera identidad nacional argentina, la cual incluye la población procedente de áfrica subsahariana, es decir áfrica negra. Tras rescatar la presencia afro como uno de los componentes poblacional argentino, es importante hacer referencia a sus aportes y contribuciones en la construcción del país y abordar lo relacionado a la justicia social de este fragmento poblacional.

El censo llevado a cabo por Juan José de Vértiz y Salcedo en 1778 arrojaba resultados con una presencia afro muy elevada en las provincias de mayor producción agrícola: el 54% en la provincia de Santiago del Estero, el 52% en la provincia de Catamarca, el 46% en la provincia de Salta, el 44% en la provincia de Córdoba, el 42% en la provincia de Tucumán, el 24% en la provincia de Mendoza, el 20% en la provincia de La Rioja, el 16% en la provincia de San Juan, el 13% en la provincia de Jujuy, el 9% en la provincia de San Luis.1 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la población afro representó el 30% del total durante la presidencia de Juan Manuel de Rosas. En la actualidad se estima que los afro descendientes representan aproximadamente el 2% de la población argentina, pero este porcentaje hubiese sido superior a 4% si los afro descendientes residentes en ciudades con una población mayor a 50.000 habitantes hubiesen sido censado como teniendo raíces afro en el censo nacional de 2010.

Respecto a los aportes y contribuciones en la construcción de la Argentina, los africanos como esclavizados, se destinaron a las labores de agricultura, ganadería, el trabajo doméstico y en menor medida la artesanía. En las zonas urbanas, muchos desarrollaban labores de artesanía para la venta, cuyos réditos percibían sus patrones. Adicionalmente, en condición de esclavizados, libertos o inmigrantes, los afro argentinos aportaron mucho en la construcción de Argentina como lo señaló Jorge Miguel Ford en “Los Miembros Sobresalientes de mi Raza” donde da perfiles de catorce afro argentinos, de los cuales seis estaban en las fuerzas armadas (Lorenzo I. Barcala; Domingo Sosa; Felipe Mansilla; Casildo Thompson; Eduardo Magee; José María Morale), dos eran compositores (Federico Espinosa, Zenón Rolón), dos eran intelectuales (Froilán P. Bello; Casildo G. Thompson); uno era un filantrópico (Eugenio Sar); uno era escriba (Tómas B. Platero); uno era periodista (Manuel G. Posadas) y uno era poeta (Horacio Mendizábal). Muchos otros aportaron y siguen aportando en otros aspectos y sectores de la sociedad argentina, pero con una fuerte invisibilización de sus aportes y de ellos mismos como una manifestación deliberad y notable del racismo en Argentina como lo ha manifestado la Dr. María José Lubertino cuando era presidente del INADI, “Los afros en la Argentina han sido invisibilizados y hoy siguen invisibles. Este es el resultado de un proceso de diáspora producido por el esclavismo y su transformación en servidumbre… La actual estratificación social los ubica en la pobreza”

En cuanto a la justica social, la historia de la esclavitud misma y los maltratos recibidos por integrantes de la comunidad afro durante y después de la abolición de la esclavitud demuestran la violación sistemática de sus derechos fundamentales (políticos, civiles, económicos, sociales y culturales) que revela la notable injusticia social que caracterizó y caracteriza a esta comunidad en Argentina.

El concepto de la injusticia social puede evocarse cuando no todas las personas dentro de una sociedad tienen acceso igualitario a las instalaciones, servicios, sistemas, beneficios dentro de esa sociedad y en el caso de la comunidad afro, esto se caracteriza por no tener acceso igualitario a varios de sus derechos fundamentales, principalmente la educación, el empleo decente y estable, la vivienda digna, derechos políticos ubicándola en la situación de marginalidad y pobreza permanente. Esta injusticia social fue y sigue siendo producto de los sistemas políticos y conductas culturales y sociales que prevalecen en nuestro país por considerar que los afros no deben ser tratados con dignidad humana (algo difícil de crear o de reconocer por distintos motivos).

A través la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y la Formas Conexas de Intolerancia (septiembre 2001) se consideró como delitos de lesa humanidad, los tratos inhumanos infligidos a integrantes de la comunidad afro por intermedio de la esclavitud y el racismo, y esto implicaría que Argentina como país había incurrido en estos delitos. Por lo tanto en función de la injustica padecida por integrantes de esta comunidad y en sintonía con los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos se explicaría la necesidad imperativa y urgente de reparación de dichas injusticia en pos de la construcción de una sociedad igualitaria.

La protección, promoción y defensa de los derechos humanos es la responsabilidad de los Estados a través de sus distintos organismos desde la nación hasta los municipios, con el involucramiento de todos los sectores de la sociedad (partidos políticos, empresas privadas, escuelas, sindicatos, universidades, iglesias, hospitales, etc.) y de la ciudadanía. Es en este contexto que las Naciones Unidas habían proclamado en 2007 el 20 de febrero de cada año, como Día Mundial de la Justicia Social, considerándola “un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera” y que constituye “el núcleo su misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana”. La justicia social tiene entonces por objetivos principales: “erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”.

En términos concretos, la argentina tiene una deuda pendiente con la comunidad afro y el momento ha llegado para que la sociedad con las directrices y colaboración de los gobernantes empiece a deshacerse de esta deuda. Para ello, se podría recurrir a las siguientes sugerencias:
Realizar un censo que permita identificar a integrantes de la comunidad según su lugar de residencia, ¿en qué condiciones viven? ¿Cuáles son sus niveles de educación?, ¿Cuáles son sus necesidades educativas?, ¿Cuáles son sus posibilidades de empleabilidad y reinserción profesional y/o laboral?, ¿Cuáles son sus necesidades de vivienda, de salud, de otros servicios básicos? Esto le permitiría al Estado determinar o identificar prioridades, es decir necesidades, para luego diseñar con la colaboración y participación de los interesados y otros organismos la política social adecuada y específica para la comunidad. Luego, habrá que disponer de todos los recursos necesarios (recursos humanos, financieros, técnicos, institucionales, etc.) para la implementación de la dicha política social y colaborar en el control, ejecución y evaluación de los resultados. Esto se resumiría en la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Acciones Afirmativas como recomendado en las Conclusiones y Resoluciones de la Conferencia de Durban para identificar necesidades, atenderlas creando oportunidades económicas y prosperidades, y garantizando los derechos.

Me gustaría terminar este artículo con la observación de Alejandro Solomianski en Identidades secretas: la negritud argentina, donde resalta que “permanentemente hubo un grupo opresor (Euro-argentino) identificado con un concreto sistema ideológico-cultural (euro centrista capitalista) y diversos grupos oprimidos”1. El autor sigue y dice: “en gran medida la historia de la negritud argentina es también la historia de la blanquedad argentina, aunque no queramos verla en tanto tal o aunque ésta se nos auto presente, como la única argentinidad”2.


Por. Nengumbi C. Sukama
Presidente IARPIDI.

Democracia – Derechos Humanos- Inclusión social

Contemplando el mundo a través de los acontecimientos históricos respecto de la gobernabilidad se puede comprobar que de las distintas formas de gobiernos que existieron y que existen en distintas sociedades, la democracia parece ser sin lugar a dudas la forma de gobierno que en la mayoría de los casos provee mayor estabilidad política a los países. Esta estabilidad es el factor principal para promover la paz, la prosperidad y el bien estar en cada región del mundo.

Sin embargo, la estabilidad política solo, no alcanza para que la paz sea duradera. Para ello, la democracia debe ir acompañada por un gran respecto por los derechos humanos que deberían fomentar la elaboración e implementación responsable de políticas públicas que fomenten la inclusión de la ciudadanía en las distintas esferas de la vida de la sociedad. Esto implica que la noción de la democracia debe asociarse a la de gobernabilidad con la finalidad de enfatizar la implementación de principios que hacen a una gestión eficaz, eficiente, exitosa, responsable, sustentable, honesta y transparente de una sociedad.

Para llegar a esto hay que atenerse a los grandes principios de la democracia, es decir, el respecto por la independencia de los tres poderes para garantizar el equilibro político en una sociedad, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. La interferencia, especialmente del Poder Ejecutivo en los dos otros poderes lleva a la debilidad de la democracia con serias consecuencias. Tal es el fenómeno que actualmente está ocurriendo en muchos países de la región como del planeta, generando un fuerte debilitamiento de la democracia mediantes consecuencias tales como la corrupción, la exclusión que lleva a la población a la pobreza e indigencia, la inseguridad, la drogadicción, el populismo y el clientelismo político, la degradación del medio ambiente, el debilitamiento de la educación, etc.

Es en este contexto en el que se suscribe el compromiso por el mayor respecto por los derechos humanos, cuya conquista y goce depende del involucramiento honesto de toda la sociedad en su conjunto y un mayor entendimiento de lo que significan los derechos humanos y el amor por la patria. Digo amor por la patria para que en cada país de la región, el desarrollo y crecimiento socio-comunitario se haga en función del desarrollo y crecimiento social, económico, cultural, educativo, intelectual y el bien estar de cada ciudadano/a en particular. El involucramiento honesto tiene que ver con el hecho de que la injusticia social que debilita la democracia no es solo producto de la obra de los dirigentes políticos, sino que, goza también del acompañamiento de un gran sector de la ciudadanía, dando prioridad a beneficios personales a corto plazo, pero con grandes consecuencias a mediano y largo plazo para el país.

Se entiende que en cualquier país del mundo no es fácil gobernar sabiendo que hay que fomentar el crecimiento y desarrollo económico, luchar contra el desempleo, combatir la inflación, generar el equilibro del balance comercial, y paralelamente a esto generar políticas públicas para atender otros problemas de la ciudadanía como la salud, la seguridad, la educación por un lado, y por el otro, generar equilibro en las relaciones bilaterales y sobre todo, el equilibro y harmonía en las relaciones con los inversionistas nacionales como extranjeros, también resistir la presión internacional de organismos multinacionales, corporaciones, etc.

El gran desafío en este contexto es el apoyo responsable de la ciudadanía con un amplio y claro entendimiento de los derechos humanos en toda su diversidad. Es decir que a través de campañas de concientización y educación permanente brindarle a la ciudadanía la información necesaria respecto a los derechos humanos, entendiendo que son universales puesto que les corresponden a todos los seres humanos, indivisibles e interdependientes ya que la violación de un derechos pondría en riesgo la vigencia de los demás derechos, y esto, acorde a la declaración universal de los derechos humanos, el Pacto internacional de Derechos políticos y Civiles, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la constitución Nacional y la de cada provincia y los demás tratados, y convenciones internacionales en materia de derechos. Este apoyo debe efectuarse más allá de la pertenencia o tendencia partidaria.

Sin lugar a dudas, la realización o la concreción de los objetivos arriba mencionados dependerán de la elaboración e implementación de Políticas de Estado en su sentido más estricto. Esta forma de trabajar permitirá a los países de la región superar las incompatibilidades políticas sectoriales (partidarias) priorizando los intereses de la Nación y luego de los partidos políticos, pues los intereses de los partidos deben sujetarse a lo establecido en las políticas de estado a través del Congreso y el Senado de cada país. Como se sabe, las llamadas Políticas de Estados son a largo plazo, por lo general, de 20 años en adelante, pero se recomiendo una proyección de un promedio de 30 años. Haciendo tales proyecciones con el mayor interés de fomentar el desarrollo y el crecimiento económica, intelectual, educativo, cultural, industrial, político, democrática y social con el especial interés de promover e incentivar el respecto y goce por los derechos humanos de cada ciudadano/a con especial énfasis en aquellos/aquellas en la situación de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad social para que dejen de ser víctimas de los/las que hacen uso de ellos/ellas por distintos motivos (políticos, trabajo ilegal, el narcotráfico, la prostitución, robos, uso de drogas ilegales, etc.).

El fortalecimiento de la democracia sumado del respeto profundo y real por los derechos humanos con especial hincapié en el respeto de la voluntad de la ciudadanía expresada a través de sus representantes en Los Congresos, y el respecto de la representación de los Estados Provincias a través de sus representantes en los Senados llevaría a que el interés por la inclusión integral de la ciudadanía esté en el seno de todas las actividades de la clase dirigente de los países de la región.
La independencia real de los poderes, especialmente del Poder Judicial será la que permitirá que se pueda limitar el abuso de poder por parte del Poder Ejecutivo cumpliendo con la aplicación estricta de las leyes haciendo que no haya nadie que se encuentre por encima de la ley como está sucediendo hace décadas varios países de la región y del mundo. Paralelamente a esto, el Poder Judicial deberá apoyar y fortalecer el trabajo de los/las defensores/as de derechos humanos, para que de este modo se fortalezca la participación de la sociedad civil en la política y esto, sin odio ni fanatismo partidario.

Creo que es en este contexto que los State Alumni tienen una gran responsabilidad en trabajar en forma de redes nacionales e internacionales para incidir y fomentar cambios en la elaboración de las políticas públicas considerando que la garantía por el respeto por los derechos humanos es la responsabilidad de los Estados. Llegar a concretar la creación de las asociaciones de ex becarios a nivel de cada país para que esas asociaciones articulen acciones en colaboración con la IANA sería la mejor forma de trabajar y potenciar la lucha por el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la pobreza, la indigencia y la exclusión social en nuestras sociedades.

La combinación y la relación armoniosa, estable y permanente entre todos los principios de la democracia, derechos humanos e inclusión social permitirían una mejor lucha o el mejor activismo por la igualdad de derechos, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad social.


Por: Nengumbi Celestin Sukama