Hoy se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) sobre los cambios introducidos a la Ley de
Migraciones argentina por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017. El
DNU restringe los derechos de las personas migrantes en vez de
garantizarlos y el Estado, una vez más, no pudo explicar ni la necesidad
ni la urgencia de su decisión.
El DNU fue presentado como una medida de seguridad y habilita la
expulsión de personas migrantes, incluso por faltas migratorias y
delitos leves. En ese sentido, asocia la migración con la delincuencia
sobre un diagnóstico basado en datos parciales y descontextualizados. El
relator para la Argentina, Francisco Eguiguren, destacó la preocupación
de la Comisión por la relación entre migración y delito y la xenofobia y
la estigmatización de las personas migrantes que promueve.
Diego Morales del CELS dijo que el DNU establece un procedimiento
sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la
defensa y el acceso a la justicia. Se posibilita la detención de
migrantes desde el inicio de ese trámite y una detención indefinida si
la persona recurre la orden de expulsión. En este DNU la regla es la
privación de la libertad -algo que generó especial preocupación entre
los comisionados presentes.
Gabriela Liguori de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes
(CAREF), por su parte destacó que el DNU viola el derecho a la unidad
familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y
detenciones. La Dirección Nacional de Migraciones pasa a tener la última
palabra porque el DNU prohíbe al poder judicial revisar su decisión de
otorgar dispensas, o exenciones, para evitar la expulsión.
Nengumbi Sukama del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e
Integración (IARPIDI) dijo que al asociar la migración con la
delincuencia, el DNU habilita un racismo institucional que se manifiesta
en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo
a través de la violencia policial. Expuso el caso de un migrante
africano que vendía mercancía en la vía pública y terminó desmayado por
una llave inmovilizadora que le aplicó un policía, y a quien le
iniciaron una causa penal por resistencia a la autoridad.
Justamente el DNU habilita la cancelación de residencia y la
expulsión para delitos menores como la resistencia a la autoridad, lo
cual podría tener un efecto desalentador en la participación de las
personas migrantes en las protestas sociales, dijo Marta Guerreño López
de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba y de la Red
Nacional de Líderes Migrantes en Argentina.
A pesar de que los integrantes de la CIDH le pidieron al Estado que
explicara las razones que justificaron el dictado de una norma de
emergencia, sus representantes evadieron la respuesta. Las
organizaciones que expusieron en la audiencia destacaron entonces que el
DNU 70/2017 debe ser derogado por el poder ejecutivo o rechazado por el
Congreso Nacional.
Participaron en la audiencia representantes del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y
Migrantes (CAREF), el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e
Integración (IARPIDI), la Red Nacional de Líderes Migrantes en
Argentina y la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba.
No hay comentarios:
Publicar un comentario