Los peligros de ser africano en Buenos Aires
La Defensoría del Pueblo denunció a la Policía Metropolitana y a
funcionarios del gobierno porteño por “vejaciones, coacción agravada y
privación ilegal de la libertad” contra senegaleses. Allanaron el hotel
donde viven, de madrugada y a la fuerza. Secuestraron la mercadería,
maniataron a menores y desnudaron a mujeres. Testimonios de las
víctimas.
Nar, Thierno y Macoeou comparten habitación en un conventillo de
Balvanera. La pieza es chica para tres personas, pero alcanza para su
ropa y algunos recuerdos de Senegal. En los rincones, hay algunos bolsos
abiertos. Ahí tenían las billeteras, cinturones y anteojos que venden
frente a la estación Once. La semana pasada, la Policía Metropolitana
les secuestró la mercadería en el marco de un allanamiento, realizado en
la madrugada y a la fuerza. Entraron a todas las habitaciones del
edificio, maniataron a menores y desnudaron a mujeres. A los senegaleses
los obligaron a firmar -a punta de pistola- documentos que no entendían
porque no hablan español. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires denunció por los hechos a la fuerza de seguridad y a
funcionarios del gobierno porteño.
Uno de los testimonios de la denuncia que presentó la defensora
Alicia Pierini es el de Nar Faye, de 41 años. La madrugada del 28 de
enero, Nar dormía sobre su colchón de una plaza en la habitación de
Sarmiento 2835. A las cinco de la mañana, lo despertó un policía
apuntándole con un arma. Su compañero de cuarto, Macoeou, se estaba
bañando y Thierno dormía en el entrepiso de la habitación. Ninguno de
los tres habla bien español, se manejan con lo que saben de francés y
entre ellos hablan en wolof, una de las lenguas oficiales de su país
natal.
A Thierno, de 18 años, lo despertaron los ruidos que venían del
pasillo. Cuando se levantó, lo sorprendió no ver a sus compañeros, pero
más lo desorientó ver su cuarto y el patio lleno de policías armados,
vestidos de negro y con las caras tapadas. Cuando trata de reconstruir
lo que pasó, recuerda los “brazos musculosos” y pone la mano en forma de
pistola para describir la escena. Se acuerda de un inspector que le
dijo que se llamaba Cristian, que fue quien le explicó que “no había
nada que hablar, sólo tenía que firmar”. Su nombre es el que figura en
el acta de allanamiento. Thierno, que es el que mejor habla español,
recuerda que la policía tenía una cámara con la que filmaba todo, pero
que la corrieron cuando le apuntaron para que firmara.
Ese día, la Policía Metropolitana allanó la pensión completa por orden
del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°. 4, a cargo de
Graciela Dalmas. Se trata de una investigación por venta de mercancía
ilegal en la vía pública. Se allanaron viviendas en horario de
madrugada, pero se labraron las actas como si fueran depósitos. La
defensora Pierini denunció a efectivos de la Metropolitana y a
funcionarios del gobierno porteño por “vejaciones, incumplimiento de los
deberes de funcionario público, coacción agravada y privación ilegal de
la libertad cometida por funcionario público”.
“Es la primera vez en mi vida que tengo un problema con la policía”
A Nar, Thierno y Macoeou les secuestraron toda la mercadería que debían
vender esta semana. Ellos recuerdan que les preguntaron varias veces si
tenían plata. En el caso de Nar, secuestraron el teléfono en el que
tenía las fotos de su familia, que lo espera en Senegal.
“No lo puedo creer. Es la primera vez en mi vida que tengo un problema
con la policía”, dijo a Infojus Noticias Thierno. “Nosotros nos
levantamos temprano, nos bañamos, rezamos y salimos a trabajar todo el
día. Nar y Macoeou se comunican a través de Mustafá, que habla su idioma
al igual que el español. Mustafá es el presidente de la Asociación de
Residentes Senegaleses en Argentina, y el hecho lo preocupa
especialmente porque entiende que sobre su comunidad pesa el prejuicio
de que venden mercadería robada o de que integran “mafias”. Mustafá
traduce a Macoeou: “¿En Argentina es siempre así con los derechos?”
Por los allanamientos tomaron intervención organizaciones sociales
como Colectivo Para la Diversidad (COPADI), Cine Migrante y el CELS.
Junto con la asociación que preside Mustafá, llevan adelante los
reclamos de algunos de los damnificados. La denuncia quedará ratificada
cuando todos los que declararon ante la Defensoría ratifiquen sus
testimonio en la Fiscalía que interviene en el caso.
Uno de los testimonios que figura en la denuncia que hizo la defensora
es el de una señora que vende sus mercancías frente a la estación de
trenes de Once. La Metropolitana entró por la fuerza a su casa en la
mañana del martes 28. Fue a las seis de la mañana, cuando la mujer se
encontraba durmiendo junto a su marido. En la misma habitación, que
alquilan en el edificio de Sarmiento 2837, estaban sus hijos de 3, 11 y
18 años, la novia de éste último y su sobrina de 17. Se despertaron de
golpe cuando varios oficiales, vestidos con chaleco cascos y escudos,
los apuntaron con armas al grito de que no se movieran.
Según relató la mujer a la Defensoría, a ella la encerraron en un
baño dos oficiales mujeres y la hicieron desvestir. “Me hicieron
agachar, me hicieron dar vueltas de ambos lados”, declaró la mujer.
El trato hacia los menores también quedó bajo la lupa de los
investigadores: una mujer contó que había salido de su casa antes de que
comenzaran los allanamientos. Al enterarse, volvió para encontrarse con
sus hijos, menores de 4, 13, 15 y 16 años. No la dejaron subir, le
dijeron que los chicos “estaban bien viendo televisión”. El relato de su
hijo mayor fue diferente: dijo que lo habían sacado de la cama a punta
de pistola y que le ataron las manos con un precinto, dejándolo en el
baño.
“Ninguna causa justifica la actuación de los funcionarios
intervinientes. (…) Los conflictos sociales no deben resolverse con
represión y mucho menos con conductas de dudosa legitimidad en el marco
del Estado de derecho. Hay un límite: en este caso o han franqueado”,
escribió Pierini en su denuncia, que quedó radicada en el Juzgado de
Instrucción N° 2.
En diálogo con Infojus Noticias, Pierini expresó:
“Todo lo que han hecho está mal hecho, no se puede hacer un allanamiento
en horas de la noche y levantar a todos los chicos. Se supone que por
mucho que se está investigando la venta ilegal de artículos, no estás
hablando del narcotráfico sino de gente mucho más sencilla”.
“La mayor gravedad está en el procedimiento violento y con armas que no
hacían falta”, explicó la defensora. “La segunda vulneración importante
son las vejaciones con esto de que se desnuden, y el maltrato a los
chicos. La tercera violación la veo en que se llevaron todas las cosas y
no dejaron constancia: eso no se puede hacer, tenés que decir qué te
llevaste. Incluso se llevaron plata en efectivo: 4000 pesos”, apuntó.
“La presunción de inocencia la ignoraron. Los trataron como si fueran
delincuentes condenados”, señaló.
Fuente: http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-peligros-de-ser-africano-en-buenos-aires-3168.html
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